La Aemps rechaza entregar a la Justicia los contratos de las vacunas covid

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad ha rechazado entregar los contratos de las vacunas contra el coronavirus que requirió el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dentro de un procedimiento contencioso impulsado por una asociación contra el uso del 'pasaporte covid' en Baleares.

En concreto, la asociación había solicitado recabar los contratos originales "suscritos por el Gobierno con las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca, Moderna y Janssen y/o la Comisión de la Unión Europea", en los que constase "el precio de las dosis, las entregas, posibles indemnizaciones por fallos en el fármaco así como todas las cláusulas y estipulaciones".

El Tribunal había considerado pertinente la prueba y el pasado 28 de julio libró un oficio en el que daba diez días al Ministerio para certificar la documentación solicitada en la demanda.

El 3 de agosto, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Agencia del Medicamento contestó informando de que estos contratos "están sujetos a confidencialidad al ser parte de los acuerdos de adquisición anticipada concluidos por la Comisión Europea con los fabricantes de vacunas".

En detalle, el organismo señala que el reglamento del comité rector que asistía a la Comisión en las adquisiciones "señala expresamente que los documentos presentados a miembros del comité rector deberán ser tratados como confidenciales".

Confidencialidad en los contratos de vacunas

La Agencia española recalca que la Comisión estipuló que los contratos están protegidos por motivos de confidencialidad "por el carácter altamente competitivo de este mercado mundial", para proteger las negociaciones "sensibles", información comercial, financiera y planes de desarrollo y producción; y remarcó que "todas las empresas exigen que dicha información comercial sensible siga siendo confidencial".

Por ello, "la divulgación de los contratos por parte del Estado español supondría una quiebra de dicha confidencialidad".

La petición del TSJIB deriva de un recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación Liberum contra un acuerdo del Consell de Govern ampliatorio del alcance del certificado digital covid; en concreto, contra un acuerdo del 28 de diciembre por el que se extendió el uso del certificado a la práctica de deportes al aire libre por parte de menores.

La demanda inicial consideraba discriminatorio el certificado entendiendo que vulneraría diversos derechos fundamentales, como el derecho a igualdad ante la ley, a la integridad física y a la intimidad. Argumentaba que se estaría "criminalizando a los no vacunados sin ninguna evidencia científica", según ha explicado la entidad.

La asociación solicitó los contratos con las farmacéuticas para descartar la posible existencia de "cláusulas espurias", es decir, la posibilidad de que se hubiera acordado en estos contratos el compromiso por parte del Estado de aprobar un mecanismo para forzar las vacunaciones.

Ante la respuesta del Gobierno, la asociación ha registrado un nuevo escrito en el que reitera su petición de recabar estos contratos. La entidad argumenta que el oficio en el que se ordena entregar esta documentación es firme y que la administración debe someterse al control judicial.

La entidad presentó el recurso junto a la firma de 549 ciudadanos de las Islas y ha impulsado acciones similares en otras comunidades autónomas.