Jesús Vicioso Hoyo. Madrid
El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería (CGE) ha interpuesto un recurso al real decreto que regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Lo ha hecho ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a través de la vía contencioso-administrativa y, ahora, el Ministerio de Sanidad tendrá que remitirle todo el expediente para que elabore la demanda final.
El presidente del CGE, Máximo González Jurado.
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Lo que el CGE ha hecho es el denominado ‘anuncio del recurso’, es decir, un escrito sencillo dirigido al Alto Tribunal, ya que el registro tiene rango de real decreto (el 640/2014, de 25 de julio), en el que se indica que se impugna la norma. Lo que se obliga con ello es que el Ministerio de Sanidad tenga que remitir a la sala todo el expediente relativo con el registro para, después, dar traslado al recurrente, en este caso el CGE. Ya con la documentación en la mano, los servicios jurídicos del consejo tendrán veinte días para elaborar la demanda fundamentada.
Aunque lo que se ha presentado, de momento, no incluye los argumentos esgrimidos por el CGE, fuentes del mismo consultadas por Redacción Médica adelantan que, en principio, los datos requeridos tienen que ser adecuados a las finalidades esgrimidas. Es decir, el registro estatal tiene un objeto definido en la propia norma, y los enfermeros quieren que éste se ciña a sus propósitos y que no se invadan competencias de los consejos generales, como a priori han observado.
Además, el CGE cree que debe haber una completa interoperabilidad de los datos. Puesto que son varios los registros afectados, abogan porque la información incluida se comparta y circule “en ambas direcciones”. No les parece adecuado, a priori, que se amenacen con sanciones si no se mandan unos datos al registro y que luego éste no se comprometa a nada en cuanto al intercambio de los mismos. La actualización es, en este caso, clave, pero como es fácil que haya errores, desde el colectivo de los enfermeros españoles se entiende que si no se suma “entre todos”, al final, el sistema “no funcionará”.
Aspectos sin concretar
En conclusión, el CGE apunta que hay aspectos que en su día se firmaron con el Ministerio de Sanidad y que, sin embargo, en el articulado “no se han terminado de concretar”. De ahí que se haya puesto en marcha este recurso y que, ahora, se aguarde para ver todo el expediente.
Aunque Sanidad no tiene un plazo concreto para remitir la documentación, lo normal es que tarde entre diez y veinte días. En realidad no hay medidas coercitivas si hay un retraso amplio, a no ser que el recurrente, aquí el CGE, insista en ello. Lo que no ha hecho, de momento, el consejo es solicitar la suspensión del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, ya que, según las mismas fuentes consultadas por este periódico, es “muy difícil” que se apruebe en este tipo de normas.
Que el registro de profesionales que ha salido adelante no contaba con el visto bueno de los enfermeros no era ningún secreto. El propio presidente del CGE, Máximo González Jurado, ya ha mostrado en diversas ocasiones sus reticencias. “El registro de profesionales nace con pocas esperanzas de vida”, dijo meses atrás, al respecto, para después añadir: “Crece desde el intervencionismo público, ya que el Ministerio no ha cumplido los acuerdos pactados y lo ha convertido en una imposición”. Durante el último Congreso Nacional de Derecho Sanitario, González Jurado apuntó que la competencia para garantizar esta prestación reside en los colegios, “como ha reconocido el Tribunal Constitucional”.
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