El sector progresista de la Fiscalía tacha de “retrógrada” la reforma de la ley del aborto

Redacción. Madrid
El Consejo Fiscal, órgano consultivo del Fiscal General del Estado, ha concluido el debate sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto con críticas del sector progresista, que considera retrógrada la reforma legislativa. La Fiscalía General del Estado ha explicado que debido a la "complejidad técnica" del informe del Consejo Fiscal, que "realiza diversas aportaciones" a lo largo del articulado del anteproyecto, "el contenido completo y definitivo del mencionado informe se hará público esta semana, una vez esté redactado".

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado.

Coincidiendo con la reunión el Consejo, la Unión Progresista de Fiscales(UPF), que cuenta con tres consejeros, ha calificado de "innecesaria, retrógrada y confusa" la reforma de la ley del aborto impulsada por el Gobierno del PP.

La UPF considera que el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer parte de "un prejuicio de inconstitucionalidad" sobre el vigente sistema mixto de plazos e indicaciones, sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre ello.

Para este colectivo de fiscales, la iniciativa legislativa se justifica con "una serie de datos sesgados", que "en realidad esconden una justificación ético-religiosa", sin responder a una demanda de modificación de la política vigente. A su juicio, el anteproyecto no hace "una adecuada ponderación" de los derechos e intereses en conflicto en la interrupción voluntaria del embarazo, según la UPF.

Con la "excusa" de proteger a la mujer, según la Unión Progresista de Fiscales, la reforma pretende tutelarla y coartar su libertad, sin dar suficiente amparo a sus derechos fundamentales frente a la vida en formación como bien jurídico protegido. A juicio de la UPF, la redacción del anteproyecto carece de "rigor" al abordar la interrupción del embarazo sin diferenciar adecuadamente si se trata de un procedimiento médico, terapéutico o de una intervención quirúrgica, regulando algunos aspectos técnicos de estas prácticas, que cuestionan la capacidad clínica de los facultativos y su código deontológico. El informe del Consejo Fiscal no es vinculante para el Ejecutivo, aunque sí preceptivo, al tratarse de una Ley Orgánica.