El juez del 'caso Koldo' rechaza entregar la causa a la Fiscalía Europea

El juez Ismael Moreno, encargado del conocido como caso Koldo, ha decidido no ceder la investigación a la Fiscalía Europea y plantear una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y esta institución ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El caso, que se encontraba bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional,  fue reclamado por la Fiscalía Europea a finales de mayo, tras hallar que uno de los contratos investigados por la compra de mascarillas durante la pandemia estaba cofinanciado con fondos europeos.

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre la competencia en esta investigación sobre la compra de mascarillas, que también incluye contratos de los Servicios de Salud de Baleares y Canarias. A pesar de ello, e independiente al fallo, la Fiscalía Europea continuará mintiendo su competencia en los hechos relativos a la comisión de un posible delito contra los intereses financieros de la Unión Europea, tal y como detalla el Poder Judicial de España.

Esta investigación se centra en la adjudicación de contratos de mascarillas a una empresa durante la pandemia, con Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, como uno de los principales acusados. La Fiscalía Europea, tras recibir y revisar minuciosamente la información, decidió asumir la investigación para evaluar todos los contratos otorgados por diversas autoridades públicas a la empresa implicada.

Avances de la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo'

Por su parte, el juez Moreno, que con la intención de continuar con las pesquisas de este caso, argumenta que los hechos investigados en su juzgado constituyen presuntos delitos de “cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, a los que se añadió posteriormente el delito contra la hacienda pública”. Es decir, delitos que “no perjudican los intereses financieros de la UE” y que no se encuentran “indisociablemente vinculados con los delitos competencia de la Fiscalía Europea”. Según Moreno, existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los de la UE.

Junto a esto, subraya que la Audiencia Nacional, con su experiencia en causas transnacionales y delitos cometidos por organizaciones criminales, está en “mejores condiciones” que la Fiscalía Europea para llevar adelante esta investigación. Por otra parte, Moreno añade que su juzgado ya ha avanzado en el estudio del caso, adoptando resoluciones clave como interceptaciones de comunicaciones, registros y la intervención de dispositivos electrónicos.

En cuanto a la indivisibilidad de los delitos, el juez coincide con la Fiscalía Anticorrupción al afirmar que no cabe hablar de indivisibilidad en este caso. Además, Moreno recuerda que el Tribunal Supremo ha perfilado los límites de la Fiscalía Europea en relación con el derecho de avocación de causas.

Hasta que se resuelva la cuestión de competencia, el Juzgado Dos de la Audiencia Nacional acordará solo las diligencias urgentes necesarias para asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal.

La decisión del "caso mascarillas", en mano del Supremo

La resolución final del Tribunal Supremo será decisiva para determinar el futuro de esta investigación. El caso Koldo implica presuntos actos de corrupción vinculados a contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas, utilizando fondos europeos por un total de 17,8 millones de euros. Estos fondos comprenden 14,7 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y 3,1 millones de euros del Fondo Europeo de Solidaridad, según informaron las autoridades españolas a la Comisión Europea.

Se trata de un procedimiento que ha levantado gran expectación por la implicación de altos cargos y la magnitud de los contratos adjudicados en circunstancias críticas para la salud pública. La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, solicitó la investigación de este caso tras sospechar que existía fraude relacionado con el presupuesto de la UE. En este sentido, las autoridades nacionales y todas las instituciones, órganos y agencias de la UE están legalmente obligadas a informar a la Fiscalía Europea sin demora.