La obligación de informar al paciente ha supuesto una redistribución de los riesgos



10 ene. 2015 11:49H
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Ricardo Martínez Platel. Madrid
La judicialización de la sanidad se ha convertido en una barrera para la confianza médico-paciente. Cada año, aproximadamente, hay cerca de 100.000 nuevas contiendas a dirimir en los juzgados, cuyos motivos bien pueden ser los de búsqueda de compensación al dolor o no asunción de la realidad, u otros, de intento de obtener rentabilidad económica, en ocasiones con apoyo y aliento de los asesores jurídicos, tal y como señala Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña.

Domingo Bello Janeiro.

En la jurisprudencia aparecen de manera recurrente condenas por errores en el seguimiento del embarazo o el parto, falta de detección de malformaciones visibles en pruebas ecográficas, daños en el feto por negligencia en el transcurso del parto o  por prescripción de medicamentos a la madre.

Sin embargo, en la actualidad siete de cada diez reclamaciones por daños sanitarios son por defectos en el consentimiento. El consentimiento informado no sólo ha modificado el modelo de relación entre médico y paciente, sino que también ha supuesto un cambio en la forma de abordar las reclamaciones por negligencia ante los tribunales, como apunta Bello Janeiro. Cada vez se alega con más frecuencia la falta de consentimiento y de información cuando históricamente las denuncias relacionadas con asuntos médicos que llegaban a los tribunales solían estar referidas a casos de mala praxis.

Así, la obligación de informar al paciente ha supuesto una redistribución de los riesgos, que ahora son asumidos también por el profesional médico, lo que ha derivado en una mayor protocolización de la medicina, que ha provocado a su vez un aumento de la desconfianza entre profesionales y enfermos y una medicina defensiva. En este sentido, la aprobación del paciente sólo es válida cuando éste recibe una información completa por parte de su médico, por lo que muchos de los formularios genéricos que firman  los pacientes en el momento de la entrada en el hospital no sustituyen al consentimiento y no tienen la misma validez legal.

El catedrático es partidario de un “consentimiento informado humanizado“, solicitando a los médicos que recaben la conformidad del paciente y expliquen los riesgos o el impreso a firmar con  empatía y calidez como le gustaría que se lo dijesen a él si fuere el enfermo: con delicadeza, claridad y seriedad, al margen de estadísticas o probabilidades y considerando el nivel de aprensión o encaje de sus afirmaciones según la edad, fortaleza y estado emocional del paciente, siempre angustiado para curarse.
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