Redacción. Madrid
El Consejo de Estado sugiere que los municipios puedan mantener las competencias en sanidad, educación y servicios sociales que han venido ejerciendo y que les retira el anteproyecto de reforma de la administración local, que las devuelve a las autonomías, y pide "valorar la posibilidad" de que esas competencias "sigan siendo prestadas por ellos como competencias impropias.
Así se recoge en el informe emitido por el Consejo sobre la reforma local que prepara el Gobierno. En su propuesta, el Ejecutivo "impone" que las competencias municipales sobre la salud, la educación y los servicios sociales serán traspasadas a las Comunidades Autónomas, porque son estas las titulares originarias de estas materias. Así se regula en las disposiciones transitorias novena y undécima, un asunto ha sido cuestionado por muchas autonomías.
El órgano consultivo explica que le corresponde al Estado definir "con carácter básico" las competencias locales, que puede ampliar o disminuir, y que son las CCAA las que deben "ajustar su esquema competencial", por lo que acepta la regulación prevista por la reforma.
Sin embargo, advierte a continuación de que aunque puede parecer "lógico" que esas competencias vuelvan a las comunidades, esta no tiene por qué ser la única posibilidad y dice que la propia reforma admitiría que los municipios las mantengan.
Por ejemplo, "pueden sin duda ejercerlas como (competencias) delegadas" según la nueva regulación, "y pueden también hacerlo como competencias impropias" si se cumplen los requisitos que la propia norma establece a partir de ahora. "Si se considera oportuno, podría condicionarse dicha posibilidad a un acuerdo al respecto entre el municipio y la Comunidad Autónoma", se añade en el informe.
Y advierte el Consejo de que en este caso no se aplica uno de los principios que rigen toda la ley, el cumplimiento estricto de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; es decir, que estas competencias podrían seguir en manos municipales si las prestan "de manera eficaz y eficiente", posibilidad que sin embargo no se contempla.
El Consejo de Estado aprobó la pasada semana el informe que le había pedido el Gobierno sobre el anteproyecto de reforma de la administración local. En él, advierte al Gobierno de que su propuesta puede ser inconstitucional por reducir "en exceso" la autonomía local y critica la regulación del llamado coste estándar, porque es "tan amplia y carente de parámetros legales" que puede casi "considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno".
Este informe, preceptivo pero no vinculante, se encuentra en manos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que debe llevar al Consejo de Ministros el definitivo proyecto de ley. Se espera que lo haga este mes y que el debate en las Cortes comience en septiembre.