Ricardo Martínez Platel. Madrid
Los médicos de Atención Primaria desempeñan un papel fundamental a la hora de afrontar un caso de violencia de género. Sin embargo, el nivel de detección en este nivel asistencial es escaso. Así lo ha reconocido Carmen Fernández, especialista en Medicina de Familia, en una jornada organizada por la Organización Médica Colegial.
Carmen Fernández, especialista en Medicina de Familia; y Óscar Hernáiz, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada.
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Fernández ha incidido en que “sí se pueden hacer más cosas” en este ámbito, si se apuesta por la capacitación y compromiso de los profesionales. Las condiciones de actuación debe ser integral, que dé respuesta a necesidades sociales, judiciales, sanitarias y psicológicas. Para ello, es importante que tenga una continuidad para que se garanticen las acciones previstas y los recursos necesarios.
En una encuesta realizada a 817 médicos de Castilla y León se extrajeron diferentes resultados que plasmaban que se dan 2,5 casos de violencia machista por cupo, que el 20 por ciento de los médicos no fueron capaces de detectar ningún suceso y en el 63 por ciento de los episodios no hubo sospecha previa. Fernández ha hecho hincapié en que la actuación temprana de los facultativos modifica la trayectoria de los casos, por lo que hay que tratar de sensibilizar a los profesionales, porque “es un problema que también les atañe”.
Hay factores que influyen en la detección de los casos, como el bajo nivel cultural, la posición socioeconómica, la dependencia de ingresos, la baja autoestima o el desequilibrio de poder en la pareja, aunque “no hay un perfil determinado de mujer maltratada”. Por tanto, el especialista de Primaria debe identificar los factores de riesgo, ver signos de situaciones de vulnerabilidad y, sobre todo, hay que preguntar a la paciente.
Por su parte, Óscar Hernáiz, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada, ha recordado que “la ley exige una implicación del médico en este terreno”, puesto que hay una obligación formal de actuación en detección, prevención, asistencia y tratamiento a las mujeres que viven esta situación. El juez ha señalado que “si no existe cierto nivel de alerta en el profesional sanitario, es difícil que detecte los casos”.
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