XXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario

XXII CONGRESO DE DERECHO SANITARIO

"No hay humanismo sin Medicina y Derecho"

El nuevo Código Penal ‘facilita’ que las imprudencias sanitarias se juzguen como delito

Farmaindustria suma apoyos en su batalla contra los equivalentes

El baremo de daños: misterio sin resolver

La tecnología sustituirá las decisiones del médico en menos de 5 años

El cierre de unidades y centros de referencia, en la mesa de Sanidad

La normativa europea no define la sustitución de los biosimilares

Cotillear una historia clínica sin permiso le sale caro al médico

El ‘diagnóstico imposible’, al arbitrio del juez

La seguridad del paciente exige más control a los productos homeopáticos

Sánchez Martos: “Cualquier persona debe tener acceso a la continuidad asistencial”

De Lorenzo: “El Derecho Sanitario avanza al mismo ritmo que las Ciencias de la Salud”

"No hay humanismo sin Medicina y Derecho"

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Joana Huertas
La cita jurídico-sanitaria por excelencia ha comenzado en el Colegio de Médicos de Madrid y ha contado en su acto inaugural con la participación de Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, que ha destacado la complicidad entre el Derecho y el ámbito de la salud como ramas del humanismo. Moreno ha reconocido que a lo largo de la crisis, “el Gobierno ha tomado decisiones que no eran populares, pero eran necesarias” y en este contexto los profesionales sanitarios “han continuado brillando, a pesar de las condiciones adversas”. El director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad ha adelantando que a buen seguro “la derogación del RD 16/2012 será uno de los temas candentes de la campaña electoral” y ha pedido a los partidos políticos que apliquen el sentido común a la hora de tratar temas sanitarios, puesto que esta medida “ha permitido llevar a buen puerto el registro de profesionales, lo que “facilitará la planificación de los recursos humanos”.

Por su parte, Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que “el Derecho y la Medicina deben ir de la mano y “ayudar a reforzar las relaciones entre los pacientes y los profesionales con la Administración”. En este sentido, ha incidido en la relevancia que tiene la mejora de la humanización, que ayuda a evitar “la innecesaria judicialización de la sanidad”, ya que “hay mucho que mejorar en la información que se facilita a los enfermos”.

Por último, Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha subrayado que “aunque en los últimos tiempos el debate en torno a la universalidad del Sistema Nacional de Salud viene ocupando muchos titulares en la prensa sanitaria, sin embargo, la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria y a las prestaciones del sistema, se ha convertido en una cuestión cada vez más urgente y más prioritaria”, por estos motivos el Derecho Sanitario seguirá afrontando nuevos retos, porque la “sanidad es una fuerza viva”.

Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Carlos Romero, gran canciller de la Universidad CEU SAn Pablo; Sonia López  Arribas, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid; Manuel Molina, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad; José María Rodríguez Vicente, tesorero de la OMC; y Ricardo De Lorenzo, presidente de la Ascciación Española de Derecho Sanitario.

Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, y Ricardo López, director general de Sanitaria 2000. Diego Murillo, presidente de AMA, y Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad; César Nombela, rector de la Universidad Menéndez Pelayo; y Antonio de Torres, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Eduardo Torres Dulce, exfiscal general del Estado; y Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo. A la derecha, José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo; y Raquel Murillo, subdirectora general de AMA.

Francisco J. Herrera, secretario de AMA; Diego Murillo, presidente de AMA; y Juan Abarca Cidón, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

María Castellano, miembro de la Comisión de Deontología de la OMC, junto a Raquel Murillo, subdirectora general de AMA. A la derecha, los abogados Ofelia y Ricardo De Lorenzo.

Los alumnos del máster de Derecho Sanitario han recibido sus diplomas.

Imagen de la sala del Colegio de Médicos de Madrid donde se ha celebrado la inauguración.

Luciano Vidán,Carlos González-Villardel, Kepa Urigoitia y Pedro Hidalgo, consejeros de AMA, y José Buela, vicesecretario de AMA.

Guillermo Sierra y Miguel Fernández de Sevilla, miembros de la Asociación Española de Derecho Sanitario, junto a Alfonso Villa Vigil, consejero de AMA.

José Manuel Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado; Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña; y Honorio Bando, académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.

Carlos Molina, presidente del Colegio de Médicos de Cuenca; Juan Méijica, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario; y Juan José González Rivas, magistrado del Tribunal Constitucional.

El nuevo Código Penal ‘facilita’ que las imprudencias sanitarias se juzguen como delito

Marcos Domínguez. Imagen: Joana Huertas. Madrid
La reforma del Código Penal y sus implicaciones para el ejercicio de la profesión sanitaria ha ocupado buena parte de la primera jornada del XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Concretamente, las modificaciones en la responsabilidad penal han sido objetos del taller organizado por AMA: la supresión de las faltas y la nueva categorización en imprudencias menos graves.

De izquierda a derecha: Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario; Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal; José Manuel Maza; Raquel Murillo; Eduardo Torres Dulce y Antonio del Moral.

Ya ha advertido Raquel Murillo, subdirectora general y directora del ramo de Responsabilidad Civil de AMA, que “la mayoría de las reclamaciones que se canalizan a través de procedimientos penales no son propias del mismo”. Con la eliminación de las faltas se espera una reducción del volumen de estos procedimientos pero, al introducir la categoría de imprudencia menos grave, puede considerarse que “suprimo las faltas para no suprimir las faltas”, como ha ironizado el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Es decir, las imprudencias leves, que antes eran juzgadas como faltas, entrarían en una categoría superior y serían dirimidas como delitos.

Murillo: "Necesitamos esperar a la interpretación de los tribunales".

Ante esta situación, Torres Dulce considera que “tendrá que ser la jurisprudencia de los tribunales la que adecuará el concepto de imprudencia menos grave”, un concepto que reconoce como “perturbador”.

Ante esta duda, el juzgado tiene tres posibilidades, ha reflexionado el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza: no despenalizar, ir caso por caso o la despenalización total, algo que considera que acabará haciéndose ya que es “la voluntad del legislador”, reducir la carga de los juzgados penales (y aumentando la de los civiles, pero eso ya es otro caso).

Intrusismo y agresiones

Torres Dulce critica la proliferación de modificaciones en el Código Penal.

La despenalización de las imprudencias profesionales no ha sido el único tema tratado en el taller de trabajo AMA. Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha referido a otras modificaciones de interés para el profesional sanitario: el intrusismo y las agresiones a profesionales. Sobre el primer asunto, Del Moral advierte de que “se suben las penas” por ejercer sin título académica u oficial necesario, pero al mismo tiempo deja de considerarse falta la atribución de la condición profesional.

En el segundo caso, la agresión se considerará atentado cuando sea a funcionarios públicos. “El resto, que se las arregle como pueda”, ha sentenciado Del Moral con sarcasmo. No obstante, el personal sanitario que intervenga en situación de emergencia o aquellos que acudan en auxilio del agredido entrarán dentro de este concepto.

Farmaindustria suma apoyos en su batalla contra los equivalentes

Cristina Alcalá. Madrid
Farmaindustria continúa en pie de guerra contra las llamadas alternativas terapéuticas equivalentes, ya que considera que “desincentiva la investigación y ralentiza el progreso económico”, tal y como ha explicado su director general, Humberto Arnés en el XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario celebrado este vienes en Madrid.

De izquierda a derecha: Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Humberto Arnés, director general de Farmaindustria; Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica; Pilar Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; Alejandro Toledo, presidente saliente de la Alianza General de Pacientes; y Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá.

Una batalla en la que, en esta ocasión, ha sumado los apoyos de los pacientes, a través de la Alianza General, las sociedades científicas, con la Sociedad Española de Farmacología Clínica, y el bloque científico-académico, con el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y la Universidad de Alcalá.

Frenazo a la investigación farmacéutica

Los abogados Ofelia y Ricardo De Lorenzo.

Según Arnés, estas alternativas terapéuticas llegaron a España por “indicativos económicos”, ya que entre dos medicamentos, con misma seguridad y calidad, se opta por el más barato. Una medida que puede ayudar a contener el gasto farmacéutico del país (asumido por las comunidades autónomas) pero que frena la investigación en farmacia.

Por ello, Farmaindustria, “comprometida con la investigación en este campo” va a realizar “las acciones que considere pertinentes para frenar” los equivalentes terapéuticos, “ya que son irregulares, peligrosos y afectan al Sistema Nacional de Salud”, ha expresado su director general.

En este sentido, Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y moderador de este debate ha alertado que la implantación de estas alternativas “es una de las medidas más arriesgadas para el acceso a los medicamentos”, ya que introduce desigualdades entre aquellas comunidades que apuestan por introducirlos y las que no. “La equivalencia terapéutica de los medicamentos es polémica y no solo debe intervenir la administración sanitaria, sino también los médicos, los pacientes y la industria farmacéutica, ha expresado.

Por su parte, Alejandro Toledo, presidente saliente de la Alianza General de Pacientes (AGP) ha ofrecido el punto de vista de este colectivo, que defiende la necesidad de una regulación al respecto, ya que, en España, se están “haciendo equivalencia de medicamentos sin base legal y científica para ello”, ha denunciado. “El médico es el único con potestad necesaria para prescribir un medicamento y debe hacerlo atendiendo a la singularidad del paciente”.

Equivalentes terapéuticos Vs. Ahorro económico

Cristina Avendaño, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, ha ofrecido una comparación entre los medicamentos utilizados como equivalentes terapéuticos y los que se usan para un ahorro económico, donde los criterios técnicos, científicos y médicos, por un lado, a veces se enfrentan a los políticos, administrativos y de gestión, por otro.

“Los equivalentes terapéuticos son genéricos con demostración de intercambiabilidad, ya que tienen el mismo principio activo, dosis y forma de liberación. Es decir, dos medicamentos distintos para una misma condición”.

Por lo tanto, no se pueden confundir las decisiones a nivel poblacional (las que toma el SNS) con las del médico (en base a un paciente en particular), ha explicado Avendaño. “Las decisiones de reducción de gasto son correctas, pero no legitiman las decisiones incorrectas desde un punto de vista médico”.

En la imagen de la izquierda, Humnberto Arnés y Ricardo De Lorenzo, y a la derecha Pilar Garrido y Cristina Avendaño, en un momento de la mesa redonda.

Una línea que ha seguido Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá. “Hay que controlar el gasto sanitario, naturalmente, pero no todo vale, porque el principal perjudicado será el paciente”. Por ello, según Zaragozá, es necesario no banalizar los avances terapéuticos para no aniquilar los progresos en farmacia. “Y no se deben considerar equivalentes artificialmente a medicamentos que, por su similitud molecular o clínica, pertenezcan al mismo grupo terapéutico”.

El broche de la conferencia lo ha puesto Pilar Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Especialidades de la Salud del Ministerio de Sanidad, quien ha puesto la visión desde el punto de vista del gasto y los medicamentos de cáncer, ya que también es presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

“El perfil del paciente ha cambiado. Ahora tiene un mayor nivel educativo y de acceso a la información sobre salud, por lo que las prescripción médicas tienen que ser complejas y específicas”, ha relatado. Es decir, que la medicina ha avanzado y, por ello, los médicos tienen mayor responsabilidad a la hora de identificar las “dianas terapéuticas adecuadas” para el paciente.

El baremo de daños: misterio sin resolver

Ricardo Martínez Platel. Madrid
"El baremo de daños sanitarios es un misterio sin resolver", así de contundente se ha mostrado Juan Abarca Cidón, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, en la mesa que ha moderado sobre esta asunto en el marco de la XXII edición del Congreso Nacional que se celebra en el Colegio de Médicos de Madrid.

Ángel Hernández Gil, miembro de la Comisión de Deontología de la OMC; Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal; Juan Abarca Cidón, vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Carlos Macaya, presidente de Facme; y Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Cuando parecía que el proyecto vería la luz antes de que finalizase la legislatura, el departamento de Justicia paralizó el documento por "razones técnicas". El objetivo era que se convirtiera en una medida que garantizase la seguridad jurídica y estableciese criterios de igualdad basados en aspectos técnicos y científicos, a partir de unas escalas pensadas  para cada patología, que recogerían una puntuación en función de la gravedad y las secuelas.

Abarca Cidón, que no entiende los motivos que han llevado al ministerio a "aparcar el proyecto" después de dos años de trabajo del Consejo Asesor , ha asegurado que Sanidad les ha garantizado que, en el caso de seguir en el Gobierno después de las elecciones, sería una de las primeras normas en poner en marcha. Abarca Cidón ha incidido en que la ausencia de este medida seguirá fomentando la judicialización de la sanidad, la medicina defensiva y genera a las aseguradoras "un gran problema con las primas".

En este punto, Ángel Hernández Gil, miembro de la Comisión de Deontología de la OMC, aunque ha reconocido que uno de los riesgos de este baremo que por el momento no verá la luz es que "podría provocar un 'efecto boomerang' y aumentar las reclamaciones, aunque ha hecho hincapiés en que generaría seguridad jurídica y se uniformarían las indemnizaciones. 

Por su parte, Juan Calixto Galán, fiscal de la Audiencia Provincial de Cáceres, ha manifestado que "se ha perdido una gran oportunidad, porque existía una necesidad y el aparcamiento voluntario del legislador ha malogrado una ocasión de oro, teniendo en cuenta que la reforma del Código Penal ha elevado un peldaño la responsabilidad del médico". Carlos

Carlos Macaya, presidente de Facme, ha expresado el desconocimiento que tienen los profesionales sobre este asunto y ha reconocido que desde las sociedades científicas lo veían con muy buenos ojos, ya que " evitaba la incertidumbre que tienen los agentes, tanto pacientes como profesionales, que siempre tienen la duda de cuál va a ser el montante que se le solicita".

Por último, Eugenio Laborda, presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal, ha lamentado que esta idea del baremo específico "haya quedado en nada y estemos igual que hace diez años". Además, Laborda ha matizado que el baremo de tráfico es un sistema indemnizatorio económico-jurídico y no es un sistema médico.

La tecnología sustituirá las decisiones del médico en menos de 5 años

Cristina Alcalá / Imagen: Joana Huertas. Madrid
Las tecnologías de la información están ganando espacio en el espectro sanitario español, ya sea a través de la telemedicina, las aplicaciones o el ‘big data’. Tanto así, que en menos de cinco años, las decisiones médicas serán sustituidas por algún tipo de estos dispositivos, tal y como ha evidenciado César Pascual, director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el XXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Xavier Olba, digital business strategy manager for Sanofi Iberia; Luis Javier Bonilla, general manager de Iberia Orion Health; Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin; César Pascual, director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; y Antonio Troncoso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz.

“Poco a poco, los facultativos están recetando ‘app’ de salud como forma de monitorizar las constantes del paciente, siempre y cuando estos dispositivos se sustenten bajo base científica”, ha alegado Pascual.

El problema para implantarlo de forma total en la actualidad se debe al recelo que aún mantienen los profesionales sanitarios con estas plataformas, primero, por las “barreras tecnológicas que aún existen” y segundo porque precisan mayor seguridad para la privacidad de los datos, la calidad de los dispositivos y la implicación de la industria y los pacientes”. 

El 18% de las búsquedas en Google es sobre salud

Una idea que comparte Xavier Olba, digital business strategy manager de Sanofi Iberia, quien ha aportado la visión de estos últimos. La implicación de la e-salud también está asumida por el colectivo de los pacientes, hasta tal punto que uno de cada cuatro tiene una aplicación móvil para gestionar su salud, ya sea para hábitos saludables o por alguna enfermedad.

Pero su incidencia no queda ahí, ha explicado Olba. “El 18 por ciento de las búsquedas en Google están relacionadas con salud, convirtiéndola en la segunda naturaleza que genera más interés en la red. Cada minuto, 2.000 usuarios están tecleando alguna consulta en relación a este ámbito”.

Una tendencia que obliga a cambiar la relación entre médico-paciente, hacia un modelo más dialogante y colaborativo entre ambos, donde compartir experiencias sobre este espectro tecnológico está a la orden del día en las consultas españolas. Por ello, el paciente demanda a la e-salud que tenga unos recursos digitales más fiables y disponibles, una digitalización de los profesionales, una apuesta clara de las administraciones sanitarias y una adecuación de las necesidades de este colectivo.

Una e-salud centrada en los crónicos

En este sentido, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y moderadora del debate, ha incidido en la necesidad de promover la e-salud en el nuevo modelo sociosanitario que se presenta en España: el de la atención a crónicos, donde el gestor tenga un papel principal.

“La e-salud debería tener un papel principal en los planes de salud de las comunidades autónomas, a través de una dotación económica y humana” -ha explicado- “y requiere un marco jurídico nuevo y adecuado”.

En este sentido, Antonio Troncoso, catedrático acreditado de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz ha remarcado la importancia de la protección de datos personales en este nuevo panorama tecnológico sanitario, “ya que el paciente no debe dejar de confiar en su médico” a pesar de que esta información personal pueda estar más expuesta.
Para ello, ha hecho un repaso en las normativas europeas y españolas en este sentido, de las que ha pedido que tiendan a avanzar en el derecho al olvido en Internet.

Luis Javier Bonilla, gerente manager de Iberian Orion Health, ha ofrecido el punto de vista de la industria, donde esta limitación del uso de los datos privados para avanzar en la gestión de la tecnología sanitaria también es un impedimento en su sector.

“Los dispositivos deben estar al servicio de los pacientes, profesionales sanitarios y gestores, y no al revés. Para ello, debemos humanizarlas, mejorando los resultados en salud, la calidad de la atención, su eficiencia, eficacia y equidad”, ha remarcado. “La e-salud no es una historia clínica. Es una herramienta de gestión de procesos que complementan y están basados en la evidencia”.

El cierre de unidades y centros de referencia, en la mesa de Sanidad

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
El Ministerio de Sanidad maneja la posibilidad de cerrar unidades y centros de referencia (CSUR). Según explica Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, este planteamiento surge de la “reducción de casos y de actividad de algunos de ellos. Tenemos que ver si pueden seguir”.

Agustín Rivero, directro general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes; Luis Calvo, de la Asociación Española de Derecho Sanitarios; Carmen Plaza, letrada del Tribunal Constitucional, y Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.

Esta idea entronca con el  proyecto de real decreto, que Sanidad dio a conocer en julio, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y se determinan los requisitos mínimos comunes para su autorización y también para su cierre. En todo caso, Rivero insiste en que la idea es concentrar más todavía los centros y unidades, de maneras que determinadas técnicas o tecnologías sanitarias, debido a su elevado precio y la necesidad de experiencia en su uso y aplicación, “se hagan en un hospital concreto”.

En este sentido, Rivero recuerda que cualquier técnica o tecnología que se emplee en centros del SNS, para que esté en cartera básica, debe “superar una evaluación previa” a través de “estudios de monitorización y observacionales”.

Por otro lado, y respecto a las críticas respecto a la equidad en el acceso a determinadas prestaciones en la sanidad pública, avisa de que hay centros y profesionales que están aplicando “procedimientos no aprobados en cartera básica”, y que por eso están en unos hospitales y en otros no.

Variaciones y territorio

El responsable ministerio aborda estas cuestiones durante su intervención en la mesa redonda ‘¿La cohesión territorial y la igualdad en el acceso a las prestaciones del SNS en riesgo? Medidas legales y doctrina constitucional’, celebrada en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. En la misma también ha participado Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, quien recuerda la “universalidad no puede ser un derecho sujeto a variaciones por cuestiones de territorio”.

En este sentido ha recordado lo ocurrido en comunidades autónomas como Galicia, Navarra, Castilla y León o Comunidad Valenciana, donde los tribunales han derogado o anulado decisiones o reglamentos regionales que contravenían la equidad en el acceso a  determinados fármacos.  “Habrá que plantearse si el Consejo Interterritorial tendría que tener otras atribuciones”, para hacer de sus decisiones y medidas “vinculantes”. En este sentido, apuesta por la creación de agencia, en el ámbito del medicamento, similar a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).  

También carga contra la continua reducción del gasto farmacéutico. “Nadie descarta la racionalización”, apunta, “pero no se contar solo con el medicamento, cuya representación en el presupuesto sanitario ha pasado del 20 por ciento al 15 por ciento. También hay otras partidas ineficientes”.

La normativa europea no define la sustitución de los biosimilares

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El desconocimiento alrededor de los medicamentos biosimilares ha propiciado que exista una necesidad urgente para clínicos y pacientes para que se establezcan reglas específicas de intercambiabilidad y de sustitución, según ha quedado reflejado en la mesa del Instituto Roche, en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario.

Francisco Zaragozá, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá; Julio Sánchez Fierro, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer; Joan Albanell, jefe del Servicio de Oncología del Hospital del Mar de Barcelona; y Fermín Ruiz de Erenchun, Roche Global Head Biologic Strategy.

El catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá Francisco Zaragozá ha señalado que, en este sentido, en este momento “hay muchas inequidades entre las comunidades autónomas”, lo que genera “enorme incertidumbre jurídica”.

Julio Sánchez Fierro, en calidad de miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha incidido en que “son medicamentos especiales, que requieren una normativa específica”. El jurista ha explicado que “a expansión acelerada de los medicamentos biológicos y  su creciente participación en el espacio terapéutico farmacológico no han encontrado hasta ahora el adecuado reflejo en la legislación sanitaria comunitaria y española. La incipiente legislación española es muy escasa y, lo que es peor, ha  incurrido en planteamientos desacertados, al haber equiparado a los genéricos (medicamentos químicos) y biosimilares (medicamentos biológicos)”.

Asimismo, Sánchez Fierro ha precisado  que “cuando estén elaboradas las tan repetidas reglas específicas, éstas habrían de ser aprobadas por Real Decreto, de modo que, por fin, se instauren principios y criterios que ofrezcan la indispensable seguridad jurídica y la certeza en favor de pacientes, profesionales, industria farmacéutica y administraciones sanitarias”. 

Por su parte, Joan Albanell, jefe del Servicio de Oncología del Hospital del Mar de Barcelona, ha asegurado que “el paciente necesita el máximo grado de certidumbre y la intercambiabilidad debe demostrarse mediante una sólida evidencia científica”. En este punto, Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, ha lamentado que en ocasiones, “los enfermos no tienen suficiente información, por lo que ven mermada su capacidad de decidir”  y ha reconocido que está a favor de fármacos más baratos, “pero no a costa de la seguridad del paciente”.

Por último, Fermín Ruiz de Erenchun, ha ofrecido la visión como Roche Global Head Biologic Strategy,y  ha comentado que “la normativa europea no define la sustitución y la intercambiabilidad, lo que facilita la incertidumbre porque los conceptos son diferentes en Estados Unidos y en Europa”.

Cotillear una historia clínica sin permiso le sale caro al médico

Ricardo Martínez Platel. Madrid
La historia clínica está comprendida dentro  del derecho a la intimidad y forma parte de la información sensible, lo que conforma el núcleo duro de la privacidad. Esto significa que el  mero acceso determina el perjuicio del titular de la historia, cuyos datos más íntimos, sobre los que el ordenamiento le otorga un mayor derecho a controlar y mantener reservados, se desvelan ante quien no tiene autorizado el acceso a los mismos.

José Luis González Armengol, magistrado en excedencia; Francisco Marín, magistrado del Tribunal Supremo; Alfonso Atela, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Celsa Picó, magistrada del Tribunal Supremo; y Juan Antonio Hernández Corchete, letrado del Tribunal Constitucional.

La mesa sobre novedades jurisprudenciales del Congreso Nacional de Derecho Sanitario, dirigida y moderada por Alfonso Atela, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha analizado a través de José Luis Gonzále Armengol, magistrado en excedencia, la sentencia del Tribunal Supremo que  confirmaba la condena de dos años, seis meses y un día de prisión a un médico  por un delito de descubrimiento y revelación de secretos de especial relieve cometido por funcionario. 

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca consideró probado que el condenado, personal laboral del Ibsalut, se aprovechó de su condición de funcionario para entrar,  con su número de usuario y contraseña personal, sin autorización y sin que mediara relación asistencial entre ellos, en la base de datos y, de ese modo, consultar las historias clínicas de cinco compañeros de la Zona Básica de Salud, vulnerando su derecho a la intimidad al descubrir datos reservados de especial relieve

La sentencia de la Sala de lo Penal afirmaba que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley, formando parte de su derecho a la intimidad.

El ‘diagnóstico imposible’, al arbitrio del juez

Ricardo Martínez Platel. Madrid
Los médicos se encuentran con frecuencia con casos en los que encontrar el diagnóstico certero es prácticamente imposible y se enfrentan a demandas que pretenden que los profesionales sean infalibles. La tertulia jurídico-sanitarias de Promede ha abordado algunos casos que generan controversia entre los estamentos involucrados.

Juan Abarca Cidón y Ricardo De Lorenzo, vicepresidente y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; José Carlos López, letrado del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo; y Luis Bernaldo de Quirós, director médico de Promede.

En determinadas circunstancias, ni siquiera los abogados se pueden llegar a hacer una idea de lo que puede decidir el juez, porque no tienen una seguridad razonable del resultado del pleito y quedan al albur de la decisión del tribunal.
En el diagnóstico influye la experiencia , los conocimientos, la especialización, la rareza de la enfermedad, a lo que hay que añadir un componente aleatorio que afecta a la vertiente judicial, como ha explicado Luis Bernaldo de Quirós, director médico de Promede.

Se trata de casos que están al cincuenta por ciento, en los que ambas partes tienen parte de razón y la sentencia depende de factores intangibles que llevan a la práctica de una medicina defensiva .

José Carlos López, letrado del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha recordado que para que exista responsabilidad del médico "debe ser clara, taxativa".  Hay decisiones médicas que generan lesiones y es el juez el que debe determinar si existe comportamiento culposo, pero siempre motivado por una actuación negligente, no por el resultado, por lo que a los facultativos "no se les puede exigir siempre el acierto".

Por su parte, Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha expresado que "el juez no puede pedir que sea exigible que el médico sepa interpretar las pruebas para conocer el diagnóstico, ya que eso sería un contrato de resultados, porque el profesional no puede llegar siempre al diagnóstico acertado".

El abogado Carlos Sardinero ha reconocido que "no se puede exigir que el médico acierte siempre en el diagnóstico, pero sí se le puede pedir cómo ha llegado a un determinado resultado". El letrado ha explicado que "la diligencia exigible depende de la naturaleza de la obligación y muchas veces hay que cuidar más los detalles".

La seguridad del paciente exige más control a los productos homeopáticos

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Joana Huertas. Madrid
La XXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario ha puesto su broche final con una mesa dedicada a los inmigrantes irregulares y a las prestaciones sociales y sanitarias que reciben, que ha estado dirigida y moderada por Alberto de Rosa, consejero delegado del Grupo Ribera Salud.

Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de Madrid.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha explicado que a él no le gusta hablar de "inmigrantes, sino de personas en situación irregular", porque su obligación es garantizar para todos "una sanidad pública, sin privatizaciones, gratuita y universal, donde se atienda a todos por igual".

Sánchez Martos ha comentado que nunca se ha dejado de atender a nadie, pero sí ha reconocido que con el RD 16/2012 se restringía a los casos de urgencias, embarazadas y menores de 18 años, aunque favoreció la ruptura del turismo sanitario, "que suponía un coste de 1.000 millones de euros". El consejero es partidario de actualizar y modificar las leyes si la situación lo requiere y ha reforzado su apuesta para que "cualquier persona pueda tener acceso a un proceso de continuidad asistencial", para que los ciudadanos que lo necesiten puedan ser atendidos no solo en los hospitales, sino también en Atención Primaria.

El máximo responsable de la Sanidad madrileña ha resaltado que "no es necesario que se otorgue una tarjeta sanitaria, sino que lo importe es la atención" y ha recordado que en Madrid se presta atención a todos en los hospitales o centros de salud, aunque se acuda sin tarjeta. No obstante, espera que el Consejo Interterritorial llegue al consenso a través de la negociación y la conciliación para que todos los inmigrantes en situación irregular puedan ser atendidos desde la "igualdad, homogenización solidaridad y humanización".

Por su parte, Julio Sánchez Fierro, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, ha incidido en que el debate político en torno a la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular ha desdibujado cualquier acercamiento al rigor de la norma y ha afirmado que "no se puede decir que el RD 16/2012 ha negado la universalidad, porque es falso en términos jurídicos".

Alfredo Montoya, catedrático de Derecho del Trabajo; Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid; Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de Madrid; Alberto de Rosa, consejero delegado del Grupo Ribera Salud; Julio Sánchez Fierro, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Jesús Sánchez Martos, padrino de la IV promoción del Máster de Derecho Sanitario, junto a los alumnos.

Ricardo De Lorenzo, junto a su hermano, el ginecólogo Jaime De Lorenzo. Julio Sánchez Fierro, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario; y Alberto de Rosa, consejero delegado del Grupo Ribera Salud.

Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, durante su intervención.

Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; Ofelia De Lorenzo y Alfonso Atela, miembros de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Ignasi Pidevall, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario; Pedro CAsado, coordinador del máster de Derecho Sanitario de la Universidad CEU San Pablo; y Josep Corbella, miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

El consejo de Sanidad de Madrid Jesús Sánchez Martos ha presidido la mesa de clausura.

De Lorenzo: “El Derecho Sanitario avanza al mismo ritmo que las Ciencias de la Salud”

Ricardo Martínez Platel / Joana Huertas. Madrid
Ricardo De Lorenzo ha hecho balance de la XXII edición del Congreso Nacional de Derecho Sanitario para Redacción Médica y ha asegurado que  "el resultado es muy positivo tanto a nivel científico como de participación por parte de los congresistas".  El presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario ha subrayado que "continúa la línea ascendente de asistencia y de tratamiento de los temas de actualidad".

Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

En los tres días que ha durado la cita se han plantado asuntos muy concretos  como en la mesa dedicada al nuevo Código Penal, que para De Lorenzo "ha sido espectacular, porque los abogados necesitábamos conocer cómo va a afectar esta nueva norma a los profesionales sanitarios y ahora ya tenemos unas pautas, hasta que comiencen las resoluciones de los tribunales de justicia"

De Lorenzo ha incidido en que el objetivo del Derecho Sanitario es "además de seguir manteniendo el acercamiento adecuado entre el Derecho y las profesiones sanitarias, tiene como identificación otra finalidad principal, como es la de hacer avanzar el Derecho al mismo ritmo que marcan los descubrimientos y conocimientos que proporcionan las Ciencias de la Salud".

"El peso del Derecho Sanitario cada vez es mayor en la relación entre el médico y el paciente. Se trata de un proceso de diálogo al margen de la intervención sanitaria de información, de consentimiento, de historia clínica, de intimidad, de confidencialidad, de secreto... Por tanto, es un planteamiento constitucional que es el derecho a la salud", ha subrayado De Lorenzo.