Condena por no informar de los riesgos de una operación de menisco a una menor

Redacción. Alicante
La Audiencia Provincial de Alicante ha considerado que pudo producirse una mala praxis médica al no informar adecuadamente y de manera comprensible sobre las posibles consecuencias de una intervención de rodilla a una paciente menor de edad que fue atendida en una clínica privada de la ciudad.

La Audiencia admite a trámite el recurso presentado por la familia de la menor contra una resolución previa que absolvía al médico que la atendió porque considera que “existieron deficiencias” en la información que recibió la paciente sobre las “posibles consecuencias”.

La decisión judicial abre la puerta a “un segundo procedimiento” para solicitar “una indemnización acorde” a las lesiones que presenta la paciente y “afrontar los costosos” tratamientos médicos y de rehabilitación. Los hechos ocurrieron en marzo de 1998 cuando la menor, que tenía 13 años, sufrió una caída en el colegio. Tras unas semanas, el médico optó por operar a la joven de una lesión de menisco interno. En septiembre de 1999 volvió a ser operada y fue remitida a un centro de fisioterapia para seguir un proceso de rehabilitación.

Además, en dos ocasiones en el año 2000 la menor fue visitada en un centro de la Seguridad Social donde se le diagnosticó, por resonancia magnética, un “ligero derrame sinovial, alteración postquirúrgica en el cuerno posterior del menisco interno y fibroma benigno en la cara posterior de la tibia”. En 2005, la joven se sometió a un tratamiento de rehabilitación terapéutico y medicamentoso y estaba bajo tratamiento por trastorno depresivo y ansiedad.

La Audiencia ha estimado probado que “no se declara la negligencia profesional” del médico, aunque considera que “existieron deficiencias en la información” que recibió la menor sobre las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida.

La Sección Quinta argumenta que la información que debe recibir el paciente ha de “hacerse efectiva con tiempo y dedicación suficiente” y que “obliga” tanto al médico responsable como al resto de profesionales que le atienden, para que pueda adoptar la solución que más interese a su salud. El fallo concluye aseverando que la información debe ser “comprensible y adecuada” a las necesidades del paciente para que pueda valorar las consecuencias que se podrían derivar y elegir, rechazar o demorar una terapia por razón de sus riesgos.