A juicio tres médicos y una técnico del Marañón por malversación

La juez que instruye el presunto caso de malversación en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón ha decidido llevar a juicio a tres médicos y una técnico de laboratorio. La instructora, según adelanta el diario El País, considera que hay indicios suficientes de que estos facultativos usaban las máquinas y reactivos del departamento de Anatomía Patológica de este hospital público para realizar pruebas en sus clínicas privadas. Pruebas que, además, facturaban a la Sanidad Pública.
 
De acuerdo con el auto de la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de malversación con “un alto coste para las arcas públicas”. El modus operandi descrito por el Ministerio Fiscal era sencillo y les ofrecía un beneficio a costa de las arcas públicas sin ningún gasto por su parte. Los médicos patólogos prescribían una prueba a sus pacientes que debían realizarse en una de sus clínicas privadas. Sus colaboradores trasladaban las muestras al hospital público y se las dejaban a una técnico de laboratorio para que esta hiciera los análisis usando las máquinas del Marañón.
 
Según ha determinado la investigación, se hicieron más de 2.700 pruebas de esta forma entre 2012 y principios de 2015. Un perjuicio para el hospital que, según la Consejería de Sanidad, ascendió a los 62.474 euros. La Fiscalía, no obstante, tiene en cuenta que, además de este perjuicio directo, las máquinas no podían realizar las pruebas prescritas de manera regular mientras estaban siendo usadas de forma fraudulenta.
 
En la instrucción de la causa se han incluido tanto las declaraciones de 34 testigos –muchos de ellos coincidieron en señalar que la práctica era habitual desde hacía décadas y era bastante conocida– como los informes de la Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid. Con estos datos, el número de investigados se ha reducido de los 12 sospechosos iniciales a cuatro (los tres médicos y la técnico), ya que un cuarto facultativo implicado falleció un año. Los imputados simultanean su trabajo en la pública con su puesto en los hospitales privados Nuestra Señora del Rosario y San Rafael.