Trabajadores Sociales denuncian “numerosas ilegalidades cometidas por el Instituto Murciano de Acción Social”

Redacción. Murcia
El Colegio de Trabajadores Sociales de Murcia ha remitido a la Fiscalía un informe en el que denuncian “numerosas ilegalidades cometidas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)”. El objetivo es que “se valore si procede iniciar un procedimiento de oficio”. Además, el informe ha sido presentado ante el propio responsable del IMAS, Fernando Mateo, remitiendo copia y solicitando reunión a la consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios. También será remitido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a la Inspección de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma y al presidente Ramón Luis Valcárcel. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de remitirlo al Consejo General del Trabajo Social de España para que “lo ponga en conocimiento de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato”.

La Junta de Gobierno del Colegio ha acordado todas estas actuaciones ante “la falta de medidas por parte de la Administración regional a datos como que una de cada tres personas que tienen reconocido el derecho a los servicios y prestaciones no reciben ningún tipo de respuesta por parte de la Administración (14.000 personas)”. Además, denuncia “el reiterado incumplimiento en los plazos máximos de resolución, la modificación de la Ley para que en los casos en que el IMAS incumpla plazos y la persona fallezca no deban de abonar las prestaciones a las que tenía derecho o la falta de servicios, como los inexistentes servicios de ayuda a domicilio, del servicio que facilita el acceso al empleo de las personas en situación de dependencia (Asistencia Personal) o el de atención temprana a los menores de hasta seis años, han motivado un riguroso informe que analiza la aplicación de la Ley que está realizando la Región de Murcia”.

En esta línea, los trabajadores ponen de manifiesto que “si ya estaba tocada la Ley desde el Gobierno de España, los incumplimientos del Instituto Murciano de Acción Social de la Ley 39/2006 vulneran los derechos de uno de los colectivos que más difícil tienen hacer valer sus derechos por sí mismos, las personas en situación de dependencia”. Según el análisis de los datos, mes a mes, ofrecidos por el IMAS en la web de la Comunidad Autónoma, de febrero a marzo de 2013 “descendió el número de beneficiarios en 674, una velocidad que en poco más de tres años habría dejado sin atención a todas las personas que actualmente reciben prestación o servicio”.

Sin embargo, “más de 50 dudas son las que se desprenden del estudio de los datos, sobre las que no se puede concluir taxativamente sin que sea el propio IMAS el que aporte los datos”. Y es que, lamentan, “se han agotado los esfuerzos de negociación con la Comunidad, viéndose vulnerados los derechos legales de las personas más vulnerables”.

Principales conclusiones del informe

Del análisis estadístico de los datos disponibles del IMAS desde diciembre de 2008 hasta el 1 de abril de 2013, se han seleccionado los dos últimos años por ser los que recogen “los datos activos”. Los datos anteriores “se corresponden a cifras acumuladas sin discriminar las activas”. Igualmente, se han tenido en cuenta los estudios realizados por la Consejería competente en octubre de 2012 y en abril de 2011.

Se deduce que “un total de 50.716 personas tienen valorada su situación de dependencia (Dictamen); las solicitudes se han reducido un 77,5 por ciento en los dos últimos años; y 42.498 personas valoradas tienen derecho a servicios o prestaciones, de las que sólo 28.606 reciben el servicio o prestación que le corresponde”. De igual modo, “8.218 personas en situación de dependencia no tienen derecho a servicios o prestaciones; 13.892 personas no reciben el servicio o prestación que les corresponde por Ley; la implantación de tasas y las bajas expectativas han reducido casi un 80 por ciento el número de solicitudes; y las tasas no contemplan excepciones a personas sin recursos económicos”.

“Las solicitudes no se resuelven dentro del plazo legal previsto por la Ley; y si las valoraciones no se resuelven, las resoluciones de prestaciones y servicios tardan más aún; además de que el IMAS aplica los plazos máximos y los excede, en lugar de buscar cumplir la Ley e incluso agilizar”.

En este informe se concluye que el IMAS “ha modificado la Ley para que en caso de incumplir los plazos, no tenga que pagar atrasos si la persona fallece, propiciando que se retrasen los plazos por el ahorro que supone el fallecimiento; de forma que ninguna persona se beneficia de su derecho legal al Servicio de Ayuda a Domicilio; y cada dos beneficiarios grandes dependientes, el servicio de Ayuda a Domicilio crearía al menos un puesto de trabajo directo”.