Sanidad y Servicios Sociales: importa la coordinación, no la estructura

Enrique Pita. Madrid
La necesidad de adoptar medidas para fomentar la coordinación entre la atención sanitaria y los servicios sociales lleva encima de la mesa de las administraciones españolas desde hace más de veinte años. Desde entonces, muchas han sido las iniciativas, fundamentalmente autonómicas, para tratar de abordar su integración, aunque también se ha hecho mención a ello desde el punto de vista estatal en decretos como el 63/1995 que regulaba las prestaciones del Sistema Nacional de Salud e incluía un apartado sobre coordinación sociosanitaria que nunca se llegó a desarrollar. Aun así, y aunque todavía no se haya alcanzado el mayor grado de perfección en esta coordinación, lo cierto es que las comunidades autónomas y el Gobierno central vienen recorriendo un largo camino que, paso a paso, se va acercando al objetivo más deseable, que no es otro que prestar la mejor atención posible al ciudadano.

Foto de familia del último Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el pasado enero.

Lo único cierto, vistas las distintas experiencias autonómicas, es que coordinar Sanidad y Servicios Sociales no implica necesariamente una unión nominal, sino la puesta en marcha de políticas integradas. Lo mismo ocurre si se dirige la mirada a la Administración General del Estado, ya que las políticas sociales han compartido espacio ministerial con trabajo; educación y ahora, desde la pasada legislatura, con sanidad e igualdad. Quizá por esto, porque no existe un método infalible, a día de hoy se puede establecer una división entre aquellos gobiernos autonómicos que cuentan con una única consejería que aúna sanidad y servicios sociales y otros que las mantienen por separado. Además, este último grupo es muy variado, ya que cada autonomía ha unido los servicios sociales a otro aspecto distinto del gobierno, desde vivienda hasta cultura, pasando por las políticas de empleo.

Pero la apuesta no es solo autonómica. En las últimas dos décadas han sido muchos los documentos, las iniciativas, que han puesto el foco en la coordinación sociosanitaria no solo desde el punto de vista teórico, sino también con iniciativas conjuntas entre los ministerios de sanidad y el que en cada momento tenía la competencia en servicios sociales. Quizá el paso fundamental ha sido la llamada Ley de Dependencia, promulgada en 2006 y que ha servido de alguna manera para canalizar las iniciativas autonómicas de coordinación sociosanitaria.  El último paso dado hasta ahora ha sido el informe que el Consejo Asesor de Sanidad ha remitido al Ministerio y en el que se recogen cerca de 50 propuestas para caminar hacia la creación de ese espacio sociosanitario.

Cada autonomía, un modelo

La Generalitat de Cataluña es uno de los gobierno regionales que mantiene separadas las consejerías de Salud y Bienestar Social y Familia. En este sentido, Pau Sánchez, director del Plan Director Sociosanitario del Departamento de Salud de Cataluña, señala que “es cierto que existen campos de intersección e intereses en común, pero también hay otros que requieren abordajes muy específicos, como la atención hospitalaria de alta especialización, o en el área social aspectos como la atención a la pobreza, las políticas de la infancia o la inmigración”. Así, asegura que “la existencia de dos departamentos separados no impide la coordinación entre ellos, o incluso la integración en la provisión de servicios en caso necesario”.

En el caso de Castilla y León, otra de las autonomías que mantiene separados ambos ámbitos, la coordinación se articula a través de un acuerdo suscrito por ambas consejerías y que se encuentra en pleno desarrollo. Según han explicado a Redacción Médica fuentes del Gobierno regional, el acuerdo está articulado a través de cuatro ejes: atención al ciudadano, salud mental, formación de profesionales y gestión y mejora de procesos e intercambio de información para garantizar la eficiencia de la coordinación. A partir de aquí, el objetivo final del Gobierno regional es atender de forma conjunta las necesidades de las personas que requieran a la vez una atención social y sanitaria combinada.

Castilla y León es una de las autonomías que mantienen separadas las políticas sanitarias y sociales. En la imagen de la izquierda, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos. A la derecha, José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.

Situación similar a la de Castilla y León es la de Galicia, donde también se mantienen dos consejerías independientes, por un lado Sanidad y por otro Trabajo y Bienestar Social. Sin embargo, y también como en Castilla y León, existe un pacto entre ambos departamentos para coordinar el espacio sociosanitario. Así, el ‘Plan gallego de Atención Sociosanitaria’ pone el acento en conseguir un sistema de atención coordinado y compartido entre la red de servicios sociales y sanitarios; identificar y atender a las personas con necesidades sociosanitarias en el ámbito sanitario y, por último, garantizar un nivel de excelencia a través de la innovación, el desarrollo de los sistemas de información y la promoción de las nuevas tecnologías.

En el otro lado de la moneda se encuentran Andalucía, Cantabria, La Rioja y Murcia, que han unificado ambas consejerías durante esta legislatura, aunque en algún caso ya las mantuvieron unidas en el pasado; y Extremadura y Castilla-La Mancha, que ya las unieron en la anterior y lo mantienen así en la actual.

En el caso de Castilla-La Mancha, fuentes de la actual administración regional recalcan que la unión de ambos departamentos no es sino la manera de que los ciudadanos puedan disponer de una atención sociosanitaria integrada y más coordinada. De hecho, el ejemplo más significativo es la creación de gerencias únicas de atención sanitaria y social, un modelo en el que el Gobierno castellanomanchego está siguiendo la senda ya iniciada en otros lugares de Europa e incluso ha incluido algunas de las propuestas que posteriormente ha realizado el Consejo Asesor de Sanidad, como la creación de un identificador común para acceder al sistema sociosanitario.

Un caso significativo es el de Baleares, que en esta legislatura ha pasado por los dos extremos. El primer año y medio del Gobierno de José Ramón Bauzá mantuvo unificadas las políticas sanitarias y sociales en una misma consejería, para, en mayo de este año, cambiar radicalmente y separarlas. La explicación que dio en su momento Bauzá y que han manifestado a Redacción Médica fuentes del Gobierno balear es que el objetivo no es sino reforzar las políticas sociales. Además, el presidente regional ha anunciado la puesta en marcha de un consorcio de servicios sociosanitarios que servirá para coordinar las competencias que comparten las distintas administraciones y que ejercerá de interlocutor único ante los ciudadanos.

Prestar la mejor atención al ciudadano

Sea cual sea el modelo, resulta obvio que el objetivo final que mueve cualquiera de las dos fórmulas es, según explican todos los ejecutivos autonómicos consultados, prestar la mejor atención a los ciudadanos. Así, lo que es evidente es que a priori cualquiera de los dos modelos es válido, siempre y cuando se tomen las necesarias medidas de coordinación y se desarrollen planes integrados e integrales.

De izquierda a derecha, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas; el presidente del Consejo Asesor de Sanidad, Joan Rodés; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el vicepresidente del Consejo Asesor y coordinador del grupo de trabajo sobre Coordinación y Atención Sociosanitaria del mismo organismo, Julio Sánchez Fierro.

Como explican a Redacción Médica fuentes del sector, lo importante es que la unión sea funcional, que la gestión sea ágil y que se obtengan buenos resultados. En definitiva, que el modelo que se elija conlleve ventajas para las personas que necesitan recibir cuidados de forma conjunta. En este sentido, el exconsejero cántabro de Sanidad y Servicios Sociales y actual director del Instituto Roche, Jaime del Barrio, ha señalado a Redacción Médica que lo fundamental a tener en cuenta es que se debe considerar la salud en el sentido más amplio, es decir, “no solo atendiendo a la salud física o psíquica, sino también a los aspectos sociales”. La duda que plantea Del Barrio es si la unificación de las  consejerías y la búsqueda del espacio común no tendrá que ver exclusivamente con criterios económicos marcados por la situación actual de crisis. “Bienvenida sea la reunificación, pero es necesario que sea coordinando las políticas”.

Otra pregunta que cabe hacerse es si la unificación de las políticas en una misma consejería supone un ahorro, más allá de los meramente administrativos. Fuentes consultadas por Redacción Médica recalcan que no hay estudios que lo demuestren, aunque como apunta Del Barrio, si ambas políticas dependen de un mismo departamento no se hace necesario crear recursos intermedios que teóricamente coordinen lo anterior. En todo caso, lo que sí genera ahorros es la coordinación sociosanitaria, ya que permite racionalizar los recursos, evitar duplicidades y situar los recursos públicos donde son más necesarios.

Sin embargo, quizá el empeño por la coordinación pueda hacer que se pierda de vista que hay aspectos de lo social que no están en el eje de los servicios sanitarios. Es decir, como han explicado a Redacción Médica fuentes del sector, no se puede olvidar que lo social no puede dejar de existir porque se gestione teniendo una visión integral e integradora con lo sanitario, ni lo sanitario se diluye porque se tenga una perspectiva integral de la persona, que tiene también necesidades sociales. Pero lo cierto es que esta coordinación es cada vez más necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que el paciente crónico es uno de los ejes fundamentales de este sistema y que la cronicidad de las enfermedades va en aumento, más aún en un país como España en el que las estadísticas hablan de una sociedad cada vez más envejecida y las previsiones en este sentido no son nada halagüeñas. Así, “lo que importa es que cada caso se gestione de una manera global, porque al final de lo que se trata es de atender bien a la persona”.