Redacción. Madrid
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado a los partidos del arco parlamentario nacional un documento con siete propuestas para rescatar a las personas y a las familias que gira en torno a cinco líneas maestras: Mantener la protección que garantiza la Ley de Dependencia y detener su desmantelamiento; adoptar medidas urgentes de protección social básica; realizar cambios normativos para garantizar el saneamiento de deudas de particulares sobreendeudados; reforzar el sistema de protección social que representan los servicios sociales y elaborar un informe de impacto en materia de pobreza y exclusión social.
José Manuel Ramírez. |
Así, la asociación que preside José Manuel Ramírez propone que este plan esté dotado con al menos 10.000 millones de euros anuales e incluye en su propuesta una serie de reformas impositivas que habría que llevar a cabo para financiar el plan. “Estamos convencidos de que la medida más social es un sistema impositivo justo que permita financiar políticas sociales y reducir el déficit público”, explica la asociación en un comunicado. Entre los contenidos del Plan, la propia asociación destaca la necesidad de “acabar de inmediato con ‘el limbo de la dependencia’" para quienes estén a la espera de recibir un servicio profesionalizado” o dar un “impulso” al Sistema de Atención a la Dependencia, “que está sufriendo un gravísimo deterioro en los últimos meses”, entre otras.
Además, la asociación muestra su preocupación de que el Debate sobre el Estado de la Nación “se centre en aspectos económicos y que lo social aparezca solo como consecuencia de lo económico o como simple retórica, dando por supuesto que los problemas de las personas y familias se arreglarán de forma automática cuando se produzca una evolución positiva de la economía, como si lo social fuera un subproducto de la economía”.
La propuestas han sido elaboradas tanto a partir de los datos disponibles como de las percepciones y vivencias de los profesionales de los servicios sociales que están en contacto con las situaciones más dramáticas provocadas por la crisis: destacan los riesgos de pobreza y exclusión que amenazan a cientos de miles de personas y familias, así como el alarmante incremento de la desigualdad en nuestro país, analiza el papel que están desempeñando las familias como contención de las consecuencias de estas situaciones, así como los efectos que tienen sobre colectivos vulnerables, como las personas mayores y los niños y niñas, y sobre las mujeres y cómo están afectando los dramáticos recortes del gasto a la protección social más básica que representan los servicios sociales, con una especial atención a los retrocesos en materia de protección a la dependencia.