La patronal de dependencia aboga por una gestión privada con financiación pública

Cristina Alcalá. Vitoria
Para mejorar la eficiencia en los servicios que se prestan en el sistema de la dependencia, la patronal aboga por un modelo público-privado, en el que el primero tenga el control de las inspecciones y de la financiación, mientras que el segundo sea el que provea de esos elementos. Así lo ha manifestado Fernando Benavente, el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) en el I Congreso Estatal de Servicios Sociales, que se celebra en Vitoria.

De izquierda a derecha: Juan Ignacio Vela, presidente de Lares; Salomé Adroher, directora general de Servicios para la Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad; Fernando Benavente, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste); y Ramón Berra, director general del Grupo Sanyres.

En su opinión, el ámbito público y el privado está "obligado a entenderse" y debe ser el Consejo Territorial el que establezca los criterios necesarios "para trabajar de una forma homogénea". Para ello, ha instado a la Administración central a elaborar una ley general de servicios sociales (similar a la que ya existe para sanidad) y poner de acuerdo en términos básicos como la atención y calidad que se presta a los dependientes.

Por su parte, el director general del Grupo Sanyres, Ramón Berra, ha puesto en valor la persistencia de este modelo mixto en el futuro, aunque recomienda elaborar una única hoja de ruta a nivel estatal y "no tener 17 conciertos", en referencia a las comunidades autónomas. Opinión que ha compartido Juan Ignacio Vela, presidente de Lares, quien ha pedido mayor colaboración entre ambos campos y "buscar el equilibro donde encontrarnos".  

Los mayores piden mayor protagonismo en las políticas sociosanitarias

Por su parte, la mesa de debate 'La protección social de las personas mayores' ha abordado la necesidad de incluir a este colectivo de la sociedad en la creación e implementación de estas políticas, tal y como ha asegurado José María Odriozola, presidente de la Federación de Personas Mayores de Euskadi. "No queremos ser objetos de la gestión, sino protagonistas en la toma de decisiones", ha explicado Odriozola, quien ha pedido, además, una mesa trasversal con los departamentos de Sanidad, Interior o Educación para ahondar en estas políticas.

Opinión que comparte el vicepresidente de la Federación Europa de Personas Mayores (Eurag), Japp van der Spek, quien ha remarcado que es importante que la Unión contemple la puesta en marcha de una carta de derechos humanos para este colectivo, independientemente de la edad, el sexo o la discapacidad que tengan, y que sirva para garantizar las prestaciones en el futuro.

De izquierda a derecha: Jaap van der Spek, vicepresidente de la Federación Europea de Personas Mayores (Eurag); Sara Buesa, directora del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria; César Antón, director general del Imserso; y Valvanera Manzanedo, responsable de los centros socioculturales de mayores del Ayuntamiento de Vitoria.

Por su parte, Luis Martín Pinado, presidente de UDP ha transmitido a la Administración de "la preocupación de los mayores ante las barreras de acceso al sistema sanitario o a determinados medicamentos y tecnología punta por medidas discriminatorias de edad", ha explicado.

Finalmente, Enrique Martín-Serrano, representante de secciones de política social de CCOO ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una reforma constitucional para proteger a los mayores y los dependientes ante el "vaivén" de las políticas, ya que, según Martín-Serrano, "conforme pasan las mayorías parlamentarias, se van cambiando".

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