La Generalitat Valenciana tiene competencias para garantizar la gratuidad de los medicamentos a personas discapacitadas

Redacción. Valencia
La Facultad de Derecho de la  Universidad de Valencia, a través de su Clínica Jurídica, ha elaborado un dictamen en el que se asegura que la Generalitat Valenciana tiene competencias para garantizar, a través de la legislación autonómica, la gratuidad de las medicinas a las personas con discapacidad.

Así, el dictamen cuestiona la decisión de la Generalitat Valenciana de eliminar la gratuidad de los productos farmacéuticos y ortoprotésicos para este colectivo, justificada por la necesidad de ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012, que establece un nuevo sistema de aseguramiento sanitario común para todo el Estado. Por el contrario, el dictamen de la Clínica Jurídica sostiene que la legislación estatal no solo no obliga a modificar la normativa autonómica, sino que, a través de una cláusula, permite que se mantengan aquellas regulaciones que las distintas comunidades autónomas han aprobado para dispensar una especial protección a las personas con discapacidad.

El Cermi-CV se ha pronunciado en diversas ocasiones contra la derogación del artículo 16.2 de la Ley del Estatuto del Discapacitado hecha por la Generalitat el pasado mes de febrero, pues privaba a los ciudadanos con minusvalías severas del acceso gratuito a los fármacos y productos ortopédicos, una prestación de que gozaban desde 2003. No obstante, el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, abrió la puerta a la reintegración de la gratuidad si el Cermi-CV presentaba un informe jurídico que demostrase la competencia de la Generalitat para hacer tal cosa.

Ahora, tras dos meses de estudio y análisis del régimen de la sanidad pública, tanto estatal como autonómica, el dictamen de la Clínica Jurídica sostiene de forma contundente la competencia de la Generalitat. Así, el dictamen aporta múltiples argumentos para demostrar la existencia de dicha competencia autonómica, como varias sentencias del Tribunal Constitucional, el mantenimiento de la gratuidad para otros colectivos o el hecho de que otras comunidades autónomas la recogen en sus leyes y la aplican. Además, el estudio demuestra que, tras el decreto estatal de 2012 y durante varios meses, el Ministerio de Sanidad tuvo conocimiento de la existencia de dicha gratuidad y no la recurrió en ningún momento ni exigió a la Generalitat que la eliminase.
 
El dictamen sostiene, además, que la supresión decidida por el Consell supone una medida de discriminación indirecta contra el colectivo de las personas con discapacidad que atenta contra el principio de igualdad recogido en la Constitución y agrava la situación personal, familiar y social de estas personas, dificultando su integración al crear barreras insalvables en el acceso a medicinas y productos ortopédicos que son esenciales para desarrollar una vida normal. Los autores del informe han recordado que el sobrecoste que afronta una familia valenciana por el hecho de contar entre sus miembros con una persona con discapacidad supera los 3.000 euros al año, aun contando con las ayudas y prestaciones que recibe del Estado; esa situación de desventaja se ve ahora agravada por la decisión de la Generalitat de someter a las personas con discapacidad al régimen general de copago.