La Comunidad Valenciana pedirá reducir el copago para dependientes y personas con discapacidad

Redacción. Valencia
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado este jueves que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial planteará que se reduzca la aportación económica que tienen que hacer alrededor del 3 por ciento de las personas con discapacidad y que pagan más de 50 euros al mes por recibir los servicios necesarios para su situación.

El presidente Fabra, ante las Cortes.

Fabra ha respondido de este modo en la sesión de control de las Cortes valencianas a una pregunta planteada por la portavoz de EUPV, Marga Sanz, sobre la aplicación de medidas de "copago" por parte del Gobierno a las personas con discapacidad y dependencia. El jefe del Consell ha explicado que, para unificar criterios a nivel nacional, se ha fijado una cartera de servicios única y el Gobierno ha adoptado una legislación que "nos obliga a todas las comunidades". Al respecto, ha indicado que estas normas establecen que se garantice "el principio de igualdad" en todas las autonomías, así como que se logre "hacer que el sistema de salud sea sostenible". Para ello, Fabra ha destacado que se contempla que los ciudadanos colaboren al mantenimiento de la prestación de servicios "en función de su renta", y ha hecho hincapié en que "ningún beneficiario quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos". "¿No cree que es de conciencia que las personas que tengan la posiblidad económica de hacerlo nos ayuden a sostener el sistema?", ha preguntado el 'president' a la síndica de EUPV. Alberto Fabra considera necesario que los que tienen más recursos "nos ayuden a sostener los servicios para los que son más vulnerables y están sufriendo más los efectos de la crisis".

Marga Sanz ha planteado si al hablar de "principio de igualdad" el PP se refiere a que "todos los ciudadanos sufran lo mismo", y ha indicado que "ya pagamos unos impuestos que, en función de nuestra renta, deberían hacer que esos servicios fueran gratuitos". En esta línea, ha mostrado su temor a que "si esto se implementa a los dependientes, es posible que luego lo apliquen a la sanidad" y, por lo tanto, "desaparezca la sanidad gratuita y universal". La dirigente de EUPV ha señalado que en la Comunidad Valenciana el Estatuto de las Personas con Discapacidad señala que los servicios para los menores de 18 años con minusvalía del 33 por ciento o los mayores de 18 años con minusvaília del 65 por ciento son gratuitos. Sin embargo, ha denunciado que el Consell ha hecho "trampas" y "ha suprimido ese párrafo en la Ley de Acompañamiento".

Según Sanz, el "copago" en la Comunidad no se aplica por una normativa estatal, sino porque el PPCV "quiere". Asimismo, ha puntualizado que algunas familias que pasado de cobrar unos 438 euros al mes a 37, por lo que ha inquirido si esa situación "tiene algo que ver con la equidad y la justicia social". En su opinión, el Consell "tienen que dar marcha atrás", ya que considera que "no es posible que vayan al rescate de la Fundación del Valencia CF con 4,8 millones y estén abandonando a las personas con discapacidad". "Sus prioridades no son sociales; son líderes en insolidaridad", ha apostillado. Por su parte, Fabra, en su siguiente intervención, ha señalado, respecto a las personas con discapacidad, que del 81 por ciento de los afectados por la normativa, el 36,6 por ciento "no necesitan aportar absolutamente nada" y "la otra mitad de ese 81 por ciento lo hace con una cantidad inferior a los diez euros".

El jefe del Consell ha continuado afirmando que la "preocupación" que tienen es que un 2,6 por ciento tiene que aportar más de 50 euros. Asimismo, el consejero Manuel Llombart, ha puntualizado posteriormente que el 0,4 por ciento abonan más de 100 euros al mes. Por ello, el 'president' ha anunciado que, en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la Comunidad Valenciana planteará que se reduzca la aportación económica que tienen que hacer estas personas que más aportan. Por su parte, la diputada de EUPV Esthér López ha denunciado que, según datos del Imserso, hay unas 21.000 personas en lista de espera para recibir prestaciones de la Ley de Dependencia, y que "se han quedado familias con solo 20 euros de ayuda". La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, ha destacado que las medidas que han tomado son "complicadas, duras y difíciles", pero ha indicado que las han adoptado "desde la responsabilidad del gobierno". Además, ha señalado que "en la aplicación de estas medidas las personas más desfavorecidas no se verán afectadas".