Moreno insiste en fomentar la autonomía personal

Enrique Pita. Madrid
La Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han presentado el estudio ‘El sector de la discapacidad: situación, necesidades y retos futuros’, una fotografía de la situación actual del sector y de las líneas necesarias para alcanzar de la mejor manera posible el escenario que se prevé en los próximos años, con el horizonte puesto en 2020. Una publicación a la que el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha dado la bienvenida al tiempo que ha señalado que “nos va a ayudar a orientar las líneas de presente y futuro, tanto para el tejido asociativo como para las administraciones”.

De izquierda a derecha: el director del estudio, Gregorio Rodríguez; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, y el secretario general del Cermi y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

En esas líneas que deben definir el modelo de futuro, el secretario de Estado ha recalcado que en la actualidad se trabaja en un modelo centrado en la autonomía personal, lo que implica “una forma nueva de diseñar el futuro”. Así, ha señalado que “la autonomía de las personas debe ser el motor que impulse las acciones de Gobierno” y ha apuntado a los objetivos marcados por la Estrategia Española sobre la Discapacidad 2012-2020, entre los que se cuenta mejorar el acceso de estas personas al empleo o reducir la tasa de abandono escolar, entre otros.

Más de 4 millones en 2020

El director del estudio, Gregorio Rodríguez, ha resaltado que para 2020 el escenario más verosímil es una población con discapacidad superior a los 4,03 millones de personas, un ligero incremento con respecto a la que se contaba en 2008. El problema, en todo caso, no está solo en el futuro, sino también en la situación presente. Según ha señalado Rodríguez la situación de este colectivo dista de ser equiparable a la de la población sin discapacidad a pesar de los avances alcanzados en los últimos años. Así, ha apuntado aspectos como “un razonable acceso a los servicios sociosanitarios, aunque con limitaciones que afectan a la accesibilidad, tanto física como social”, o “una tasa de pobreza relativa que duplica la media nacional”, entre otros.

Además de solventar estos problemas, el sector se enfrenta a nuevos retos derivados de cambios en su base social, con una población con discapacidad cada vez más envejecida, o a la incertidumbre sobre el devenir del Estado del Bienestar. Por tanto, Rodríguez propone reforzar la capacidad de negociación, cooperación y reivindicación del sector; hacer cumplir de forma efectiva la legislación; avanzar en alianzas y trabajo conjunto del Tercer Sector y alcanzar una mayor diversificación de las fuentes de financiación del sector de la discapacidad.