Enrique Pita. Madrid
Tras más de una década al frente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós ha dado un paso a un lado y ha dejado la presidencia, aunque no dejará de estar ligado a la entidad, de la que ha sido nombrado Presidente de Honor. Desde esta posición de observador privilegiado, Raventós considera necesario acometer una reestructuración del modelo de atención para poder dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias de los enfermos crónicos y las personas en situación de dependencia.
Higinio Raventós.
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¿Cómo valora su etapa al frente de la Fundación Edad&Vida?
Han sido unos años muy intensos. A lo largo de estos trece años de la Fundación hemos elaborado innumerables informes y estudios, hemos organizado debates y encuentros teniendo como eje los cambios estructurales que nuestras administraciones públicas y los prestadores de servicios debemos afrontar sin más dilación si queremos que todos los ciudadanos tengamos el máximo bienestar posible.
Así, hemos tratado aspectos como la propia Ley de Dependencia, la acreditación, las pensiones o la cronicidad, entre otros. Es decir, hemos tocado muchos temas que tienen que provocar cambios en las maneras de hacer con respecto a lo hecho hasta la fecha, tanto en el sector público como en el privado, si queremos tener el máximo bienestar en el futuro.
¿Se han cumplido los objetivos marcados?
La realidad es que durante estos años la mayor parte de los partidos políticos y las administraciones públicas nos han dado muchas palmadas en la espalda, nos han felicitado en privado, nos han dicho ‘este es el camino’, pero desde el punto de vista de la realidad luego las cosas son distintas. Gran parte de los cambios que se tienen que efectuar no se han llevado a cabo, y esto nos lastra. En el seno de la organización hay una sensación de pesimismo. Se ha hecho mucho esfuerzo, hay una concienciación distinta, pero realidades, hasta la fecha, no han sido muchas las que se han modificado en los esquemas que ya existían y que tienen que reformarse si queremos tener una sociedad sostenible.
¿Cree que la apuesta actual por la creación de un espacio sociosanitario es definitiva?
Espero que sí. Es prioritario reflexionar sobre el modelo de atención que tenemos para dar respuesta a todas las necesidades sociales y sanitarias de los enfermos crónicos y las personas que viven en situación de dependencia. Deben ser atendidos con servicios de calidad, eficaces, eficientes e integrados en un modelo de atención que sea sostenible en el tiempo y que sitúe a la persona en el centro y que permita ofrecerle los recursos más adecuados a sus necesidades en cada momento. No puede ser que la persona tenga que moverse en función de las organizaciones físicas, administrativas, de un departamento a otro. Hay que reestructurar los sistemas de atención porque la persona es una.
¿Cree que la Ley de Dependencia tiene futuro en los términos actuales o necesita cambios estructurales esenciales?
La Ley de Dependencia significaba poner una bomba al concepto de residencia. Se ha regulado todo mal o muy mal, todo mezclado, todo junto. El gran primer problema que tenemos es cómo atendemos a los pacientes crónicos, que son personas que están ocupando una cama hospitalaria, que es algo para lo que no está preparado el hospital, donde se debe curar, no cuidar. La fotografía de los pacientes que tenemos en los hospitales es mayoritariamente la de una persona ingresada para cuidar, no para curar. Hay que tener en cuenta que el coste es 600 u 800 euros por cama hospitalaria al día, y esto sale de las arcas públicas.
Hemos de reorganizar el esquema de prestación hospitalaria, y en este marco la dependencia lo que quería era preparar la provisión para estas personas, empezando por los pacientes crónicos y los grandes dependientes. Hay un reglamento básico que no se ha hecho, el de la acreditación de centros y servicios, que o se hace o tendremos que reorganizar los hospitales de forma interna solo en el mundo sanitario.
En las dos vertientes, tanto sanitaria como social, se tendrá que afrontar la realidad si queremos atender la problemática que se viene encima, porque estamos hablando que en pocos años tendremos 15 millones de personas con más de 64 años, y un 40 por ciento de ellas será mayor de 80 años. El problema que se deriva de esta situación será tremendo, y para afrontarlo hay que retocar los marcos de la Ley de la Dependencia, definiendo hasta dónde se cubre y cuánto se cubre, o a través del espacio sociosanitario.
¿Es necesario avanzar en la regulación del aseguramiento privado de la dependencia?
Es tremendamente necesario, pero para diseñar este tipo de productos hay que saber qué es lo que se articula en la provisión. ¿Cuáles son los sistemas de provisión existentes? ¿Hasta dónde llega la posible ayuda pública? ¿Van a ser todos los españoles los que recibirán una ayuda o va a ser en función de la renta o el patrimonio? Se debe decidir claramente y se acuerde entre los partidos políticos hasta dónde hay dinero para ayudar a las personas, y si esto se define, queda muy claro el marco para el que el mundo financiero y asegurador pueda diseñar productos de financiación ligados a la jubilación, a las pensiones, a la salud, para cubrir estos riesgos.
¿Cómo ha afectado la crisis a la atención a las personas mayores?
Ha afectado en varios aspectos. Por un lado, en muchas ocasiones las pensiones de estas personas mayores están manteniendo a familias enteras. Además, en estos momentos los temas de cronicidad en hospitales, salud mental, etc, se están disparando de manera importante, con el consiguiente incremento del gasto en estas materias.
¿Qué valoración hace de este cuarto congreso que Edad&Vida ha celebrado recientemente?
Ha sido muy positivo. Hemos conseguido reunir a ponentes muy relevantes dentro del sector, y la afluencia de participantes ha superado las 550 personas inscritas, lo que nos ha sorprendido gratamente teniendo en cuenta el periodo de crisis que vivimos.
Todos los expertos coincidieron en que para desarrollar un buen sistema de atención sociosanitaria es necesario definir claramente los perfiles de atención, servicios y recursos más adecuados para facilitar el continuo asistencial y la atención más adecuada para la persona que facilite un acceso ágil a los servicios y con unos circuitos de atención consensuados con las administraciones.
Además, se ha destacado la importancia de establecer unos requisitos mínimos de atención sanitaria y social de los diferentes centros y servicios en cada nivel asistencial con criterios homogéneos en el conjunto de las autonomías. En este sentido, se ha hecho un llamamiento a las administraciones responsables para que sienten las bases para esta acreditación. La persona debe recibir el mismo servicio sin importar la autonomía en la que viva, y si no existe una acreditación conjunta, esto será complicado.
En cuanto al ámbito de la salud, se ha señalado que es prioritario reflexionar sobre el modelo de atención que tenemos y dar respuesta a las necesidades sociales y sanitarias de los enfermos crónicos y las personas en situación de dependencia con servicios de calidad, eficaces, integrados en un modelo de atención sostenible en el tiempo y que sitúe a la persona en el centro, ya que sin esto es imposible ofrecer los recursos más adecuados en función de las necesidades de cada momento.
También se ha abordado la financiación de la atención sociosanitaria, que ha de provenir de diferentes fuentes, tanto públicas como privadas. Para ello es necesario establecer marcos claros y favorecer el desarrollo de productos privados de aseguramiento y de ahorro con un régimen fiscal favorable que ayude a mejorar este problema de financiación.
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