El PSOE exige que se garantice la atención a los menores dependientes

Redacción. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado al Gobierno que “adopte, en coordinación con las comunidades autónomas, las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de los menores en situación de dependencia y a recibir una atención adecuada por parte de los poderes públicos”.

Rosa Aguilar, portavoz del PSOE en Servicios Sociales.

Rosa Aguilar, portavoz socialista de Servicios Sociales y ponente de la iniciativa, ha vuelto a poner sobre la mesa los argumentos del PSOE contra las reformas de la Ley de Dependencia emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Así, ha denunciado el recorte de derechos y de recursos, con la consiguiente “desmantelación” de la Ley de Dependencia, al dejar fuera del sistema y desatendidas a las personas en situación de dependencia.

Además, ha denunciado “el ataque sistemático a los cuidadores familiares a los que les está despojando de todos los derechos que tenían reconocidos por ley”. En su opinión, esta “desatención” deja a las familias con algún miembro en situación de dependencia en una “situación dramática” y mucho más si se trata de un menor porque las necesidades se multiplican y, en muchas ocasiones, requiere unos cuidados que precisan la dedicación completa de al menos uno de sus padres.

Aguilar ha recordado que, según datos de la Confederación Española de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), el  coste económico medio de una familia con un hijo con discapacidad es de 31.878 euros al año, “algo que muchas no pueden permitirse”. Por ello, la Proposición no de Ley reclama que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales “no tenga carácter excepcional para los menores en situación de dependencia”.

Además, pide que se mejore la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, situándola, al menos, en las mismas condiciones que tenía antes de la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012. En este sentido, propone el incremento de las cuantías máximas de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar en un 15 por ciento, que sus cotizaciones vuelvan a ser a cargo del Sistema de la Seguridad Social y eliminar el plazo suspensivo de hasta dos años para nuevas prestaciones.

También plantea eliminar el régimen de incompatibilidades de las prestaciones para garantizar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio y los principios inspiradores de la ley: la universalidad, la equidad y la accesibilidad.

Asimismo, la iniciativa reclama adoptar nuevos criterios sobre la capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de los servicios y prestaciones que aseguren la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional, asegurando un nivel suficiente de cobertura, independientemente del lugar en el que residan los beneficiarios. Por último, pide mantener los programas y técnicas incluidas en la Atención Temprana, sin límite de edad, mientras sean necesarios.

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