El Gobierno agiliza las prestaciones para discapacitados en paro

Soraya Sáenz de Santamaría.

Redacción. Madrid
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que regula la suscripción de un convenio especial para personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, que permite el acceso a prestaciones por jubilación, muerte y supervivencia. El Estado, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, prevé una aportación a este sistema de un total de 1.531 millones de euros.

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, ha declarado este sábado que la normativa aprobada por el Ejecutivo central constituye un importante avance para este colectivo. En efecto, el acuerdo aprobado establece las condiciones de inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas con discapacidad por medio del instituto jurídico del convenio especial “delimitando su ámbito de aplicación del mismo y fijando sus características y especialidades en materia de procedimiento, efectos, acción protectora y cotización”.

El texto al que ha dado luz verde el Ejecutivo ha sido sometido a consulta de las organizaciones más representativas de personas con discapacidad en su proceso de elaboración. En este sentido, fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han señalado a Efe que este departamento ya propuso a Empleo la aprobación de la medida tras escuchar las reivindicaciones de las organizaciones de este colectivo.

Según la referencia del Consejo, podrán solicitar la suscripción al convenio las personas que tengan dieciocho años o más y no hayan cumplido la edad mínima para la jubilación ordinaria; además tendrán que residir legalmente en España y tener reconocida una discapacidad que implique especiales dificultades de inserción laboral.

Alberto Durán

Asimismo, para solicitarlo no deberán figurar en alta o en situación asimilada a la de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social ni en cualquier otro régimen público de protección social; y deberán estar inscritos en los servicios públicos de empleo como personas desempleadas demandantes de empleo por un período mínimo de seis meses.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que el convenio supone “un avance importante” para lograr la “plena integración” de las personas con discapacidad que tienen “graves dificultades” para incorporarse al mercado laboral.

Por su parte, Durán subrayó la relevancia de la medida para personas que nunca han podido acceder al mercado de trabajo o que lo han hecho pero con períodos de aportación insuficientes, ya que con esta iniciativa se generarán derechos que les permitirán acceder a determinadas prestaciones. En este sentido, precisó que “el Gobierno ha acertado con esta medida” demandada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha desempeñado un papel muy activo en los trabajos previos a la aprobación de la norma.