El entorno del dependiente acepta modular el pago en función de la renta

Enrique Pita. Madrid
Más del 90 por ciento de la población entiende que la atención a la dependencia es importante, “y buena parte considera que será un problema futuro al que los servicios públicos no podrán dar total cobertura y no habrá recursos económicos suficientes para ello”, ha explicado José María Sansegundo, coautor, junto a Julio Sánchez Fierro, del estudio ‘Análisis predictivo y escenarios en la atención sociosanitaria en España: Horizonte 2022’ elaborado para la Fundación AstraZeneca y la Universidad Europea.

De izquierda a derecha, Julio Sánchez Fierro, coautor del informe; el director general de la Fundación AstraZeneca, Federico Plaza, y José María Sansegundo, coautor del estudio.

El incremento de la esperanza de vida va a derivar en un aumento de la tasa de la población necesitada de cuidados sociosanitarios. La población es consciente de ello, y también de que “el Estado no puede llegar a todo” ha explicado Sansegundo, por lo que aceptaría determinadas fórmulas de financiación como el cobro de unas tasas por el empleo de los servicios asociados a la atención de los dependientes, siempre en función de la renta del beneficiarios o mediante la incorporación de un impuesto específico cuya recaudación se destinaría directamente a sufragar estos servicios o ayudas.

Pero esta visión que tiene la sociedad de la importancia de la atención a la dependencia no se corresponde con la relevancia que las administraciones públicas prestan a este sistema de acuerdo con la visión de los encuestados. Según revela el estudio, el 70 por ciento de los cuidadores de dependientes considera que la administración pública no presta la atención y recursos necesarios a la cuestión de la dependencia. Este porcentaje se reduce al 56,6 por ciento si la consulta se hace a potenciales dependientes.

En ambos grupos, la visión de la situación actual es negativa. Si se atiende a la opinión de los cuidadores de personas en situación de dependencia, el 62,3 por ciento considera que la atención social y sanitaria a personas dependientes no está bien organizada; el 55,9 considera que no existe coordinación suficiente entre los responsables de los servicios sociales y sanitarios, y el 63,6 opina que no se están tomando medidas para prevenir la dependencia y así poder mantener mayor autonomía personal. En el caso de los potenciales dependientes, estos porcentajes son inferiores, pero siempre rondan el 50 por ciento.

Otro de los aspectos recogidos en el estudio es que un 22 por ciento de los potenciales dependientes (mayores de 55 años) ha tomado o tiene previsto tomar medidas para, ante una posible situación de dependencia en el futuro, poder tener acceso a una atención adecuada ante la falta o insuficiencia de servicios públicos. Este porcentaje se eleva al 34,4 por ciento si la consulta se realiza en el entorno de una persona que en la actualidad se encuentra en situación de dependencia.

Según ha explicado Sansegundo, “no se está haciendo una buena previsión de la situación y se está trasladando al Estado la obligación de la atención”, por lo que considera que “probablemente hay que estudiar y concienciar a la población” de la necesidad de adoptar este tipo de medidas. En este sentido, Sánchez Fierro recuerda que la idea de aportación por parte del usuario está prevista en la propia Ley de Dependencia, pero no se había desarrollado de la mejor manera posible. En su opinión, “las reformas del año pasado han introducido claridad jurídica en este aspecto y un principio de equidad muy positivo”.

Otros resultados

El estudio no pretende en ningún caso, como han resaltado los autores, ofrecer propuestas, sino llevar a cabo una radiografía de la situación actual y a futuro de la dependencia. Así, el escenario que dibuja el estudio en el año 2022 es al menos preocupante. La salud de los dependientes en la actualidad puede calificarse entre regular y mala, pero empeorará en la próxima década, lo que implica que “la necesidad de cuidados y apoyo a nivel social y sanitario va a ser muy importante en un futuro”, ha explicado Julio Sánchez Fierro, que considera que “adoptar medidas con una década de anticipación puede permitir generar los recursos necesarios para ofrecer respuestas a los ciudadanos”.

Por otra parte, tanto los cuidadores de dependientes como los potenciales dependientes consideran que el lugar para vivir más apropiado para el dependiente es el domicilio (55,1 por ciento y 59,5 respectivamente), frente a un 31,2 por ciento y 25,3 que considera que que el lugar más apropiado es una residencia. El porcentaje que opina que depende del grado de dependencia se sitúa entre el 11,5 y el 13,3 por ciento.