“Efecto llamada” hacia las autonomías que tramitan mejor los expedientes de dependencia

Redacción. Santander
La Asociación de Economía de la Salud (AES) ha constatado la existencia de un “efecto llamada” ligado a la efectividad en la tramitación de los expedientes de la Ley de Dependencia, de modo que las autonomías que gestionan con mayor rapidez están viendo como aumenta el número de solicitudes que reciben, lo que, a su vez, acaba por provocar un retraso en el tiempo de respuesta.

El estudio, presentado en las XXXIII Jornadas de la AES, que se celebran esta semana en Santander, señala que las comunidades con una mayor eficiencia técnica en la aplicación de la ley son Andalucía, Murcia y La Rioja, mientras que las que presentan menor eficiencia son Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias, sin que se aprecie una relación con factores como el envejecimiento de la población.

¿Cuánto cuesta la ley?

Según se ha señalado en este encuentro, los recursos movilizados para la aplicación de la Ley de Dependencia triplicaron las previsiones que contemplaba el Libro Blanco de la Dependencia en su memoria económica. En total, la cifra ascendió a 6.420 millones, lo que supone un 0,6 por ciento del PIB del país, según se refleja en el  estudio ‘¿Cuánto cuesta la Ley de Dependencia en España? Una aproximación al coste agregado y promedio individual en 2011’ elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Aun así, se aprecian “significativas” diferencias entre regiones, siendo Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid las que mayores recursos han empleado en políticas de dependencia.

El estudio de la UCLM trata de determinar el coste de la figura de los cuidadores informales, teniendo en cuenta factores como cuánto supondría que lo prestaran profesionales de la asistencia a domicilio o el coste de oportunidad de las actividades económicas que estos cuidadores informales dejan de realizar. Según este trabajo, el número de horas medias anuales de cuidados informales fue de 4.349. A partir de ahí, la investigación aplica una serie de cálculos económicos para llegar a la conclusión de que esto estaría valorado entre 21.717 y 52.004 euros.

La situación de los cuidadores también se ha analizado desde la perspectiva de su salud, ya que, por ejemplo, casi la mitad de los cuidadores informales de  pacientes con ictus sufrieron también problemas de salud. En concreto, un 45,7 por ciento, a los que se suman otros problemas: un 22,3 por ciento tiene problemas económicos y unos 78,4 por ciento, familiares.

Además, la probabilidad de que un cuidador de una persona que ha padecido un ictus presente problemas de salud es de entre un 22 y un 41 por ciento mayor si la persona cuidada padece dependencia severa o gran dependencia, respectivamente, frente a una persona no dependiente. La probabilidad de presentar problemas económicos es de entre un  14 y un 20 por ciento mayor si las personas cuidadas padecían dependencia grave o gran dependencia, respectivamente. Y, finalmente, la probabilidad de que aparezcan problemas familiares fue de entre un 11 y un 24 por ciento más  en los grados de mayor dependencia.