Cocemfe se suma al rechazo a los recortes en el sistema de dependencia

Redacción. Madrid
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha mostrado su rechazo frontal a las medidas contempladas en el Programa Nacional de Reformas 2013 en materia de autonomía personal y dependencia por entender que supone un “nuevo varapalo para las personas más vulnerables y que más necesitan de las administraciones para poder llevar una vida digna”.

Mario García, presidente de Cocemfe.

Según ha señalado el presidente de Cocemfe, Mario García, “aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia es inadmisible porque mermará los derechos de cientos de miles de personas mayores y personas con discapacidad que necesitan apoyos intensos para su vida diaria y su autonomía individual”.

El copago en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ya es elevado como para pretender ahora volver a subirlo un 5 por ciento, denuncia la Confederación. “El año pasado, el Gobierno aceptó las propuestas del sector de la discapacidad al mantener la aportación del usuario en el 100 por ciento del IPREM dadas las condiciones en que se encuentra el país. Lo que hay que hacer es revisar al alza este porcentaje y, en ningún caso, que las personas dependientes que sí están obligadas a desembolsar tengan que aumentar su aportación”, ha recalcado García.

“Cocemfe considera que los partidos políticos y las diferentes administraciones deberían solucionar sus desencuentros y apostar por un gran pacto de todos los actores implicados que salve el futuro de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, dándole una estabilidad institucional y acabando con la frustración que ha creado en las personas a las que debería beneficiar”, explica Mario García.

Como medida de ahorro y de sostenibilidad del SAAD, Cocemfe propone apostar por la Autonomía Personal con actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables y la mejora de las habilidades individuales, puesto que no sólo suponen el mantenimiento o la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, también a la larga son una inversión y un ahorro para la Administración, ya que el aumento del grado de dependencia será menor. También considera que el sistema debería ser gestionado por la Seguridad Social para así evitar las actuales desigualdades por territorios y que no haya desarrollos que generen agravios para sus beneficiarios.