Baleares unifica la legislación sobre acreditación, control de calidad y evaluación de servicios sociales

Redacción. Palma de Mallorca
El Gobierno de las Islas Baleares ha aprobado la creación del Registro Unificado de Servicios Sociales. Además, el mismo decreto recoge los procedimientos para la autorización y la acreditación de servicios sociales y regula la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular.

Martí Sansaloni, consejero balear de Salud, Familia y Bienestar Social.

Según explica la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, esta normativa supone unificar en el ámbito autonómico la regulación sobre acreditación, control de calidad o la evaluación de los servicios sociales y los centros en los que se prestan dichos servicios, tanto si son de titularidad pública como si son privados. Así, los principios generales que recoge el decreto son de aplicación a todas las entidades incluidas en el ámbito competencial de los servicios sociales y a los servicios sociales que dependen, tanto públicos como privados, con o sin ánimo de lucro, que se ubiquen o actúen en las Islas Baleares, con independencia del lugar donde tengan su sede social o el domicilio legal.

Así, este nuevo registro constituye “un instrumento de conocimiento, planificación, ordenación, control y publicidad de los servicios sociales existentes a la comunidad autónoma de las Islas Baleares”, asegura la Consejería, que por otro lado destaca la regulación de la acreditación administrativa, que establece que los centros, los servicios y las entidades privados, concertados o no, que atienen personas en situación de dependencia tienen que disponer de la acreditación de la comunidad autónoma correspondiente. Esta acreditación se regula como una certificación administrativa para garantizar unos estándares de calidad superiores a la autorización. Y a diferencia de esta, ya no se configura como un requisito para la prestación de servicios sociales, sino como un requisito previo y preceptivo para poder integrarse en la red de servicios sociales de atención pública.