Andalucía y Canarias, en niveles críticos de deuda con el sector sociosanitario no lucrativo

Redacción. Madrid
La Federación Lares ha hecho público un documento en el que analiza la situación de los centros de mayores sin ánimo de lucro. Según desvela este IV Mapa Lares, los niveles de deuda siguen siendo críticos en Andalucía, donde la administración acumula impagos por valor de 52 millones, y Canarias, donde los centros están pendientes de cobrar la factura de cuatro meses. En el resto de autonomías, el nivel de la deuda es bajo o inexistente, con la excepción de Baleares, donde se califica de nivel medio.

IV Mapa Lares: Situación de los centros de mayores del sector no lucrativo.

En términos generales, Lares reconoce que la presión económica ha ido cediendo ligeramente desde 2012. “Las deudas astronómicas que soportaban los centros por atender a los mayores dependientes en plazas concertadas se han disuelto y los pagos de las diferentes administraciones han tendido a regularse”. En el caso de Andalucía, la Federación señala que la administración ha hecho pública su intención de liquidar la deuda a principios de otoño, mientras que en Canarias la acumulación de impagos “hace que planee sobre los centros el cierre de camas y la reducción de puestos de trabajo”.

Valoraciones, “tarde y a la baja”

Por otra parte, el IV Mapa Lares apunta que las administraciones “han encontrado en las valoraciones de dependencia una vía para aligerar las facturas sociales”, y denuncia que “está prácticamente generalizada la dinámica de asignar a los dependientes índices de dependencia inferiores a los que realmente padecen”, lo que implica que los centros deben hacer frente al sobrecoste de la atención que realmente necesitan estas personas. Además, Lares denuncia que hay 8 autonomías en las que se sobrepasan los 6 meses para emitir estas valoraciones.

Otro factor de preocupación para estos centros es el precio que las administraciones autonómicas pagan por cada plaza concertada. Así, varían desde los 40 euros de Extremadura a los 88 euros de Guipúzcoa. Sin embargo, estos precios están congelados desde hace años en varias autonomías, e incluso han bajado en Madrid y Canarias. En este sentido, las asociaciones que pertenecen a Lares advierten de que estos precios están por debajo del coste real del servicio, lo que unido a las valoraciones a la baja de los niveles de dependencia “ponen a los centros en la tesitura de tener que asumir una función solidaria y de beneficencia que corresponde inequívocamente a las administraciones”.

En cuanto a la situación que atraviesa la aplicación de la Ley de Dependencia en las distintas autonomías, Lares ha advertido que en dos autonomías, de nuevo Andalucía y Canarias, se encuentra en retroceso, mientras que en cuatro avanza claramente (Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña), al tiempo que en Galicia y La Rioja avanza “ligeramente” y en Madrid lo hace “con prudencia”. En el resto, Lares concluye que la aplicación de la ley se encuentra “estancada”.

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