Afectados por atrasos en los pagos de retroactividad de la dependencia se sienten “abandonados” por la Junta de Andalucía

Redacción. Sevilla
Cerca de 275 familias afectadas por los atrasos en los pagos en retroactividad en la Ley de Dependencia dicen sentirse “abandonadas” por la Junta de Andalucía, a la que acusan de no responder a su petición de que “cumpla” con el calendario de pagos “establecido por la propia Administración”, que se prolongaba durante un periodo de cinco años desde 2012 a 2016, y del que no han cobrado nada, según ha asegurado su portavoz, Rosa María Guijo.

Según ha señalado Guijo en declaraciones a Europa Press, “se ha hablado mucho” de los recortes de la Dependencia, de la reducción por parte del Gobierno del 15 por ciento de la paga a los cuidadores familiares o de que dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social, “pero nadie ha hablado del dinero que se nos debe desde 2007 a 2011”, porque “aunque han eliminado la retroactividad en los pagos de la dependencia, nosotros entrábamos aún dentro de plazo”. Los pagos que se adeudan a estas familias oscilan entre “los 6.000 euros a algunas de ellas y los 20.000 a otras”.

En 2012 la Junta de Andalucía habría notificado por escrito que se pagarían esos retrasos en cinco años (de 2012 a 2016) todos los meses de marzo, pero “el año pasado no se cobró y tampoco en 2013” y “no nos han presentado un nuevo calendario de pagos”. Además, Guijo ha asegurado que el todavía Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que los afectados pidieron ayuda, les ha mandado una carta informándoles de que la Consejería de Salud y Bienestar Social “sigue sin responderle”, motivo por el que “ha declarado en rebeldía a la Junta”.

Así las cosas, la portavoz de los afectados insiste en que “no saben dónde más recurrir”, al tiempo que asegura que “las familias están pasando muchas fatigas” porque además “somos gente que nos estamos viendo en una situación muy precaria”. Asimismo, añade que  todos los abogados “les aconsejan denunciar” esta situación en los juzgados, pero “no tenemos para denunciar”. Y aunque “queremos hacer movilizaciones, no podemos debido a la situación en la que estamos, ya que nuestros enfermos están encamados y necesitan vigilancia estricta por prescripción médica”, añade. “Nos sentimos solos y abandonados”, ha afirmado Guijo, quien indica que ha escrito una carta al Tribunal Constitucional, aún sin respuesta, porque “hemos llegado a una situación en la que ya se está atentando contra la vida de los enfermos”, ha concluido.