Evaluación y decisión en la financiación de medicamentos

Desde que, en enero de 2002, se culminara el proceso de transferencias de la gestión de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud ( SNS) y, sobre todo, desde que en esa misma fecha entrara en vigor el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas( CCAA), la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA en materia sanitaria, establecida en la Constitución Española (CE) se ha venido desdibujando a un ritmo imparable,  hasta llegar a la actual situación, en la que el conflicto competencial alcanza cotas insostenibles, que ponen en grave riesgo la esencia misma de nuestro sistema sanitario.

Centrándonos en la prestación farmacéutica, que siempre fue modelo de equidad en el acceso de los pacientes a los medicamentos, tanto en cuanto a la oferta como a las condiciones en que esta se hacía efectiva (aportación, condiciones de prescripción y dispensación, etc.), debido a que la decisión de financiación y precio de los medicamentos ha correspondido siempre y en exclusiva al Estado (artículo 149 CE). Pero la deriva hacia la quiebra de la equidad  que estamos viviendo en los últimos años resulta alarmante y, desde luego, contraria al ordenamiento constitucional.
Asistimos, con creciente preocupación, a decisiones autonómicas que conculcan las decisiones estatales y a decisiones estatales que no tienen en consideración las realidades autonómicas. Y, en este rifirrafe, quien más pierde es el paciente aunque, en definitiva, perdemos todos.

Recientemente, se ha presentado el Programa Madre 4.0, un excelente programa de evaluación del Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Esta sociedad, que agrupa a profesionales farmacéuticos de reconocido prestigio y que son referencia indiscutible para la profesión, por su criterio científico, por su capacidad y experiencia en la evaluación de medicamentos y por su importante papel en la gestión de recursos en los hospitales, ha realizado una labor encomiable en el avance hacia una utilización más racional de los medicamentos en las últimas décadas.  

Una de sus funciones de larga tradición, la evaluación y selección de medicamentos, ya apuntada en la OM de 1 febrero de 1977 y consolidada en la Ley 25/90 del Medicamento, nació con el objetivo de contribuir a la elaboración de las guías fármacoterapéuticas de los hospitales, a través de su participación en las comisiones de farmacia y terapéutica. Estás guías tenían como objetivo racionalizar el arsenal terapéutico del centro y servían de recomendación a los facultativos, pero en ningún caso de limitación o exclusión de fármacos a los que el Ministerio de Sanidad hubiera otorgado la decisión de financiación con cargo a fondos públicos. De esta forma, el médico que solicitara un fármaco no incluido en la Guía podía obtenerlo, previo informe justificativo.

Las subsiguientes legislaciones y reglamentaciones han venido reforzando este rol del farmacéutico de hospital. Sin embargo, en los últimos años, esta función ha ido derivando hacia la idea de que este proceso de evaluación y selección puede traducirse en una decisión sobre la financiación o la no financiación pública de los medicamentos. Así, se comunica a médicos, pacientes y laboratorios farmacéuticos que un determinado fármaco no está incluido en la cartera de servicios del hospital y que, por tanto, no puede ser prescrito ni dispensado con cargo a los presupuestos del centro. Esta idea, que se va extendiendo también a los órganos de evaluación y selección en el ámbito suprahospitalario, es decir, autonómico, es contraria al ordenamiento jurídico español, en el que, como ya se ha dicho, la decisión de financiación de los medicamentos corresponde en exclusiva al Estado, según el artículo 149 CE.

Es cierto que la responsabilidad de la gestión de los recursos asistenciales está en manos de las CCAA y que éstas, sin embargo,  se ven obligadas a pagar la factura de productos que no han seleccionado para su utilización en sus servicios de salud, una imposición que pudiera parecer injusta e incongruente, especialmente cuando a las CCAA se les exige un estricto cumplimiento presupuestario.

Pero no es menos cierto que, de continuar por este camino, en muy poco tiempo nos encontraremos con diecisiete modelos de prestación farmacéutica, en el que los ciudadanos tendrán derecho a diferentes prestaciones y en distintas condiciones según la comunidad en la que residan, lo que sí resulta, a todas luces, injusto e incongruente.

La solución a esta encrucijada no es fácil, desde luego, pero es urgente llegar a un consenso entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CCAA para recuperar la equidad, uno de los pilares básicos de nuestro SNS, según establece la Ley General de Sanidad.

La existencia de una Comisión de Farmacia en el seno del Consejo Interterritorial del SNS en la que los responsables de las 17 CCAA debaten los diferentes aspectos de esta prestación y la reciente iniciativa de que las CCAA participen en la Comisión Interministerial de Precios son instrumentos necesarios para este consenso, aunque no suficientes, y la prueba de ello se hace patente si observamos el actual panorama, en el que cada región adopta sus propias decisiones sobre copago en atención primaria y hospitalaria, utiliza catálogos de medicamentos diferentes al nomenclátor oficial, bajo diferentes e ingeniosas formas de bordear la legalidad, y otras iniciativas que claramente atentan contra la equidad.

El principio de lealtad institucional, tan manido en su uso como ausente en su aplicación real, debe recuperarse. La sociedad demanda a los políticos que hagan política sanitaria con mayúsculas, estableciendo estrategias que hagan nuestro sistema más eficiente y sostenible y no que lo utilicen como un arma arrojadiza en sus acalorados debates.

Al Ministerio le corresponde liderar el sistema y a las CCAA aportar su conocimiento y experiencia en la gestión para que, todos juntos, con visión de futuro y altura de miras, logremos que nuestro sistema sanitario, que ha sido una de las mejores tarjetas de presentación de España, no se rompa en diecisiete pedazos.