Muface y el Estatuto Marco

Cualquiera que siga las noticias sanitarias estará de acuerdo en que durante los últimos meses ha habido dos “culebrones” que han acaparado la atención del sector y generado opiniones, en un caso diversas, en el otro bastante coincidentes. Me refiero por un lado al tema Muface y por otro al Estatuto Marco. Aunque a primera vista puede parecer que no tienen nada que ver, hay una cierta interconexión de manera que la evolución del uno puede influir sobre el otro.

Se puede opinar lo que uno quiera sobre Muface, faltaría más. Sin embargo, es difícil no pensar que el hecho de que precisamente el colectivo de los trabajadores públicos del estado haya sido históricamente el único eximido de pasar a integrarse en el sistema de sanidad pública y que tenga acceso a la privada si así lo elige, es cuando menos un tanto incoherente. El hecho de que durante 50 años (Muface se crea en 1975, en tiempos de Franco), todos los gobiernos rojos o azules hayan mantenido la situación, habla del enorme poder potencial del colectivo protegido y de su previsible reacción si se les retirara un privilegio que muy probablemente se les adjudicó como compensación a lo poco que se les pagaba y que en la mayoría de los casos se les sigue pagando.

Ante el plante de las compañías aseguradoras a renovar el concierto por las deficitarias cantidades que se le ofrecían, la teórica autoridad sanitaria en España: el Ministerio de Sanidad se manifestó con toda claridad: había que pasar el aproximado millón y medio de funcionarios y sus familiares, hoy beneficiarios de Muface a la sanidad pública en un plazo y con una metodología a convenir. Para quienes pronosticaban una sobrecarga adicional insoportable para el sistema público, la respuesta fue que, en relación a la población española, el millón y medio es más o menos un 3% y que tampoco era para tanto. También se puede decir que, en el último año, la población española ha aumentado en 670.000 personas (por la inmigración porque entre los españoles nativos hay más muertes que nacimientos), lo que significa que estamos hablando más o menos de lo que crecemos en dos años. Si eso es mucho o poco, se puede opinar, pero ahí están los datos.

Si estuviéramos hablando de un gobierno monocolor y medianamente cohesionado, la postura firme del Ministerio de Sanidad en un tema sanitario de este calibre y de competencia estatal, como quien dice “habría ido a misa”, se habría cumplido para bien o para mal. Sucede sin embargo que el llamado “Ministerio de Transformación Digital y Función Pública” (curiosa mezcla de conceptos que probablemente lo máximo que tienen en común sea la dudosa competencia de su titular en ambas materias), responsable administrativo de Muface decidió que lo que opinara Sanidad era irrelevante y que el coste electoral de privar a millón y medio de funcionarios y familiares de su asistencia sanitaria a la carta era muy superior al dinero del erario público que iba a costar acercarse a lo que pedían las aseguradoras.

Esta discrepancia entre ministerios lo primero que pone de manifiesto una vez más es la irrelevancia del de Sanidad, con muy poco que decir frente a las comunidades y como se ve, tampoco en competencias estatales tan importantes como éstas. Sin olvidar que un aumento del 40% en el dinero público destinado a conciertos privados (más de 4.000 millones € en total) en cualquier comunidad gobernada por la oposición habría significado con toda seguridad manifestaciones generalizadas de sindicatos y militantes de los partidos gubernamentales probablemente encabezadas por varios ministros. Coherencia ante todo.

El Estatuto Marco llevará a los médicos a la sanidad privada

Y en este contexto de descrédito del Ministerio de Sanidad, nos encontramos en pleno proceso de preparación de un nuevo Estatuto Marco que regule las profesiones sanitarias. No voy a entrar a discutir todo lo previsto en el borrador entre otras cosas porque al menos por lo que se refiere a los médicos y probablemente a otros estamentos, se trata de una herramienta obsoleta, responsable en gran medida del anquilosamiento del sistema y de nula utilidad futura. Lo más positivo que se podría hacer es su derogación y el paso a un régimen laboral negociado con los empleadores, que son las comunidades autónomas y no el ministerio.

La situación objetiva es que un ministerio con muy escasas competencias, casi todas transferidas, ninguneado por su propio gobierno y otorgado en el reparto de carteras a un partido minoritario que encaja perfectamente en la definición matemática de infinitesimal (una variable que tiende a cero), está preparando la norma que va a regular las relaciones laborales durante bastantes años con unas entidades que ni están gobernadas por dicho partido ni probablemente lo van a estar nunca. ¿Qué valor van a tener los compromisos que se establezcan en este documento? ¿Con qué autoridad moral los plantea el ministerio de sanidad cuando es obvio que no se va a responsabilizar de su aplicación?

Algo si ha logrado el proyecto de estatuto: poner en contra a casi todo el mundo. Las comunidades se quejan de invasión de competencias y de lo mucho que costarían las medidas en él previstas sin que por supuesto se sepa de donde va a salir el dinero. Los médicos se quejan de bastantes cosas, pero me voy a limitar a alguna de sus “medidas estrella” que pueden afectar, y no para bien, a la disponibilidad futura de médicos. La primera es la incompatibilidad de los jefes de servicio con cualquier actividad privada fuera de su horario laboral, alegando un posible conflicto de intereses. Nunca he practicado la medicina privada por mera convicción, y soy consciente de que en algunos casos los conflictos pueden perfectamente plantearse y no solo con los jefes de servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos no ocurre así y en todo caso pueden y deben detectarse y corregirse. Plantear una exclusividad, no exclusivamente temporal, sin analizar cada caso y sin compensación significativa porque el ministerio no tiene capacidad para ello (son las comunidades las que fijan los salarios), lo único que va a conseguir es que más y más médicos, sobre todo de las especialidades más demandadas y mejor retribuidas se decanten abiertamente por la privada, descapitalizando aún más de lo que está el sistema público. Es pura lógica.

La segunda medida va en la misma línea. Supone obligar a los médicos que acaben su formación MIR a elegir entre irse a la sanidad privada o, en el caso de que opten por la pública estar sometidos durante 5 años a un régimen de incompatibilidades similar al de los responsables del servicio. Sinceramente, no imagino yo a muchos dermatólogos, cirujanos plásticos, oftalmólogos o de otras especialidades deficitarias, sometidas a la ley de la oferta y la demanda renunciando durante 5 años a toda práctica privada que, hay que insistir, se refiere a su tiempo libre. Máxime cuando las alternativas que ofrece hoy día la sanidad pública a un especialista recién terminado son casi siempre interinidades que pueden durar toda la vida o contratos de sustitución de semanas o de meses con cambios continuos de hospital o centro de salud, cuando no de ciudad.

No pongo en duda que el objetivo último de estas medidas sea retener médicos en el sistema público, pero me temo que de llevarse a cabo supondrían exactamente lo contrario, al menos en los puestos más demandados y que más falta hacen. Tampoco parece que vayan a disuadir a mucha gente de hacer las maletas e irse al extranjero o simplemente dedicarse a la privada. De ser aprobadas van a ser un estímulo y no pequeño.

Algo si tengo que agradecer a los impulsores de este documento. Leer en Redacción Médica la entrevista a la enfermera, nueva portavoz sanitaria de Sumar en el Congreso, donde ocupa el escaño dejado por Errejón me ha transportado a mis ya muy lejanos años jóvenes de los ochenta en los que nos martilleaban con lo que llamábamos el discurso de la sanidad “cubano-nicaragüense”, que en realidad, aparte una empanada ideológica, era la forma de explicitar que no había un duro, y que yo en mi ingenuidad creía finiquitado hace mucho. Leer que en realidad lo que ocurre es que los médicos no sabemos interpretar el borrador del estatuto, que con el texto anterior al 2003, el médico tenía un poder equivalente al del cura del pueblo (y yo que lo padecí durante más de 30 años sin enterarme), que el texto es bueno porque ha habido muchas reuniones con todos los colectivos y está elaborado por varios grupos de expertos en gestión sanitaria (ya nos suena esto de los expertos de cuando la pandemia) y que en fin, lo que se vaya a cobrar, las condiciones de trabajo y demás pues ya se negociarán con hacienda, con las comunidades y con función pública…la verdad es que tiene bastante de alucinógeno.