Hace tiempo que estoy convencido de que la solución de los males que aquejan a nuestro maltrecho Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene que pasar necesariamente por el acuerdo y el consenso a largo plazo en una serie de temas básicos por parte de los partidos políticos con responsabilidades presentes o futuras en materia sanitaria y económica, que en mayor o menor medida son todos los que componen todo el arco parlamentario.
Expresado de distintas maneras, esta necesidad ha sido refrendada últimamente desde importantes instancias como la Organización Médica Colegial (OMC), políticos relevantes como la presidenta del Congreso, exsecretarios generales de Sanidad de ambos partidos gobernantes y otras figuras relevantes del mundo sanitario. Desde estas mismas páginas abogó por el pacto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aunque en este caso refiriéndose específicamente al marco financiero (el más importante por otra parte), idea que fue recogida de inmediato por el candidato a la Presidencia Alberto Núñez Feijóo, lo que sin duda es un salto cualitativo importante en este tema por el más que probable papel fundamental que ambos van a jugar en la política española en los próximos años. Hay que recordar aquí que el propio Feijóo propuso en 2014, siendo presidente de Galicia, que Felipe González liderara la elaboración de un informe de consenso sobre la sanidad española en la línea que ahora se apunta. Habló entonces de “políticas de concertación” (no hay más que buscar en Google), aunque el expresidente no recogió entonces el guante. En campaña ha insistido igualmente en la necesidad de alcanzar “pactos de estado” en materias clave entre las que ésta es una de las más relevantes.
Parece bastante claro que la sanidad española, en su día joya de la corona de la protección social ha sufrido en lo que va de siglo un profundo deterioro, consecuencia de la crisis económica, la pandemia y una desesperante indolencia de sus responsables hasta situarla entre las principales preocupaciones de los españoles según el CIS. Avanzar en la línea de acuerdos y pasar de las palabras a los hechos supone sacar la sanidad del debate político y desde luego coincidir en el diagnóstico de la situación, los puntos básicos a solventar y la mejor forma de lograrlo, para después remar todos juntos en la dirección acordada mediante un pacto de estado.
Contamos con un buen documento elaborado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en 2020 coincidiendo con el punto álgido de la pandemia, aunque lamentablemente sus discusiones apenas se han plasmado en nada concreto, básicamente por la inoperancia ministerial: simplemente nadie se ha encargado de gestionarlo.
De acuerdo con la Constitución de 1978, las competencias sanitarias corresponden a las comunidades autónomas (creo que acertadamente), quedando la Administración central con un papel muy importante, aunque no bien articulado, de coordinación, elaboración de leyes y competencias en Farmacia, formación postgraduada, y representación exterior entre otras. El mapa sanitario se cerró en 2001 con la transferencia de las últimas 10 CCAA, con lo que, desde hace décadas, la sanidad española ha estado gobernada por los dos partidos mayoritarios en el ministerio y por estos más los distintos partidos nacionalistas en las comunidades. Lo que de bueno se haya hecho en nuestro Sistema Nacional de Salud, que es mucho, tiene una responsabilidad política compartida por todos estos partidos en representación de los ciudadanos que lo han financiado con sus impuestos y los sanitarios que lo han desarrollado. Por el contrario, las políticas erróneas que han tendido a erosionar el sistema y que nos han conducido a la crítica situación actual, difícilmente pueden ser atribuidas a determinados partidos sino más bien a la gestión sucesiva de todos los que han intervenido en el gobierno del estado y comunidades.
Las discusiones tendentes a culpar a uno u otro del deterioro de la sanidad tienen en común su esterilidad en cuanto a encontrar soluciones. Invocar los recortes llevados a cabo tras la crisis del 2008, lleva inmediatamente a recordar quiénes negaron reiteradamente su existencia y realizaron las políticas que dejaron al país al borde de la quiebra obligando a aplicar las recetas europeas de austeridad que tantos daños provocaron. Sobre las eternas proclamas de privatización del sistema sanitario que se vienen produciendo desde los noventa, hay que reconocer que, de existir, serían poco eficientes ya que en 30 años habrían avanzado más bien poco. En todo caso, no parece que la concertación con empresas privadas haya sido la vía elegida para privatizar porque, según datos del propio Ministerio de Sanidad, en la última década el porcentaje del presupuesto sanitario dedicado a conciertos ha pasado del 9,59 al 8,46 por ciento, y en la Comunidad de Madrid, hacia la que suelen dirigirse las miradas cuando se habla de este tema, del 10,31 al 8,48 por ciento.
Pero, igual que hay una responsabilidad compartida, cualquier tipo de solución tiene que venir dada por un acuerdo de las fuerzas políticas que vayan a gestionar la sanidad en los próximos años. De nada sirve que el gobierno central, del color que fuere, marque unas líneas de actuación y unas disponibilidades presupuestarias si luego las comunidades, en ejercicio de sus competencias, van en dirección contraria y deciden por ejemplo que son otras sus prioridades y otro el destino de los fondos. No se trata de interferir en la gestión que legítimamente cada comunidad haga con sus recursos, pero si de marcar unas prioridades consensuadas entre todos y verificar su cumplimiento.
Ningún partido por sí solo puede solucionar la situación de nuestra sanidad ya que ello solo será posible si hay una colaboración leal y sincera entre gobierno, comunidades, profesionales y agentes sociales. Solo sacándola de la lucha partidista y poniendo a su frente a verdaderos gestores con capacidad de liderazgo y que conozcan el sistema y no a políticos de paso sin conocimiento alguno del mismo (van 16 ministros/as desde el cambio de siglo y pronto vendrá el 17º) se puede aspirar a encontrar soluciones. Ojalá la gravedad de la situación haga reflexionar a nuestros políticos y se decidan a afrontar el necesario “pacto de estado por la sanidad”.