La espera interminable

Se han publicado por primera vez las listas de espera quirúrgicas por CCAA. Son un reflejo sensible de lo que significa la atención sanitaria para el ciudadano, y cómo han evolucionado las necesidades de la población y nuestra capacidad de gestionarlas. Son pacientes con indicación quirúrgica no urgente, desde unas varices a una prótesis de cadera, que les produce más o menos dificultades para hacer vida normal.
 
Las listas de espera son estructurales en una sanidad pública y universal: son resultado de una desproporción oferta/demanda, la primera siempre insuficiente y la segunda creciente y con vocación de infinitud a medida que la población envejece y la medicina diseña nuevas técnicas y crea nuevas necesidades.
 
Mejor hablar de demoras quirúrgicas porque a una persona pendiente de cirugía le da igual que haya 5 o 50, lo que le interesa es que el tiempo que va a esperar. Ese tiempo constituye una triste forma de copago por parte del paciente y sus familiares que contribuyen con su espera y a veces con su discapacidad y sufrimiento a sostener un sistema público que no alcanza a cubrir todas las expectativas sobre él creadas.
 
El análisis de las demoras quirúrgicas en los últimos 20 años constituye todo un experimento sociológico y una radiografía de nuestra sanidad. La conflictividad hospitalaria de mediados de los noventa en el antiguo Insalud que entonces gestionaba 10 de las 17 CCAA llevó en 1996 la demora media nada menos que a 207 días con más de 60.000 pacientes esperando más de un año a ser intervenidos de un total de 180.000 que en relación a la población atendida era más o menos similar a la actual del conjunto del estado.
 
Una drástica gestión de las demoras quirúrgicas redujo en el período 1996-2000 la demora media a 56 días sin que prácticamente nadie esperara más de 6 meses, cifras bastante mejores que las de casi todas las comunidades entonces transferidas. Para ello fue necesario no solo aumentar la actividad quirúrgica en horarios de mañana y tarde sino gestionar mejor mediante protocolización, una demanda que desde la perspectiva de un servicio de salud de más de 14 millones de personas reflejaba datos tan absurdos y acientíficos como que las indicaciones quirúrgicas por adenoma de próstata en dos CCAA limítrofes tuvieran una diferencia de 7:1.
 
La desaparición del Insalud, tan denostado por unos como añorado por otros, trajo consigo algunos hechos positivos como la dedicación de más dinero a la sanidad o el acercamiento de la gestión diaria al ciudadano, pero en cambio hizo perder la perspectiva global y dejó al albur de cada comunidad dedicar más o menos atención a cada problema en un terreno cada vez más politizado y que absorbe la mayor parte de su presupuesto.
 
Tras las transferencias, el Ministerio de Sanidad hizo como en tantos otros temas una ostentosa dejación de su responsabilidad de coordinación. A diferencia de algo como los trasplantes en que la palabra coordinar significa la adopción de prioridades y políticas comunes (que no necesariamente uniformes) para las 17 CCAA, previa discusión y acuerdo, en este tema la disparidad es evidente. Ni la recogida y difusión de datos ha sido posible ya que siempre alguien se opuso a ello o bien optó por la contabilidad creativa.

El ejemplo más claro lo puso la Comunidad de Madrid al desarrollar la peregrina idea de que cambiando la contabilidad de la espera para que pareciera mas corta (antecedente de los “alternative facts” del señor Trump) se solucionaba el problema. Con ello solo consiguió hacer imposible la comparación con el resto de España y con la serie histórica, aunque quizás fuera eso lo que se buscaba. Aquello finalizó cuando llegaron gestores más razonables, pero en la reciente publicación de las demoras por autonomías faltan las de Cataluña por motivos similares.
 
Esta falta de homogeneidad en la gestión, las prioridades y los recursos dedicados al tema se traducen en diferencias entre comunidades de 3 – 4 / 1 entre los 162 de Canarias o los 147 de Castilla la Mancha y los 46 de la Rioja 47 de Madrid o 49 de País Vasco, con una media de 83.

Varias conclusiones: de entrada, unas diferencias intolerables que hablan de falta de equidad y que además no se correlacionan con el presupuesto por habitante que sería la explicación fácil sino más bien con diferencias de la gestión del problema que tampoco se han beneficiado de una coordinación estatal efectiva.
 
Y algo todavía más grave: mucho ha cambiado España y su sanidad en lo que va de siglo, pero al menos en este tema hemos ido para atrás.