¿Vale todo para aumentar la donación de órganos en vivo? Las respuestas americanas

En estas mismas páginas comentamos recientemente que el trasplante de órganos experimenta en Estados Unidos aumentos muy importantes y mantenidos en el tiempo, aunque propiciados en cuanto a la donación de fallecidos se refiere por una situación tan traumática como la crisis de los opiáceos. A ello hay que sumar unos programas muy potentes de donante en vivo y una amplia tradición de este tipo de donación (muy superior a la española y a la de la mayoría de los países europeos), todo lo cual hace posible que, en estos momentos y a diferencia de lo que ocurría hace unos años, la disponibilidad de trasplantes en Norteamérica sea muy elevada y desde luego la mayor del mundo.

Sin embargo no es bastante. La situación epidemiológica de este país, con una incidencia enorme de diabetes, obesidad e hipertensión y un control sanitario bastante deficiente, hace que las necesidades de trasplantes medidas por el número de entradas en lista de espera y los tiempos de espera, sean también muy superiores a los nuestros, y ello motiva que se sigan explorando todas las formas posibles de incrementar la disponibilidad de órganos, por caminos que en algunas ocasiones chirrían claramente con la sensibilidad europea, cuando no entran en franca colisión con las normas éticas vigentes hasta ahora en este campo, al menos en nuestro entorno.

El pasado 1 de abril entró en vigor la llamada “Ley de Apoyo a Donantes Vivos del Estado de Nueva York”, aprobada a finales del pasado año y que representa el primer programa en los Estados Unidos que permite a las personas recibir un reembolso por los costos de las donaciones de riñón e hígado. 

"Pagar" a los donantes de órganos

La ley neoyorquina no plantea que el dinero destinado al donante sea un pago sin más, sino un reembolso de los gastos derivados del proceso de trasplante de riñón o hígado con una serie de condicionantes. Tanto el donante como el receptor tienen que ser residentes en el estado de Nueva York, el tiempo justificado de pérdida de ingresos será como máximo de 8 semanas y el donante no podrá tener ingresos superiores a 125.000$/año. En las referencias a la ley de prensa se habla de una cantidad de 10.000$ para compensar al donante, aunque el tope en los gastos a justificar se fija en 14.000$, cantidad en todo caso significativa para una buena parte de la población de posición económica media o baja y de determinadas etnias, que todo hace pensar van a ser los mayores candidatos a convertirse en “donantes”. Ya se oyen voces, especialmente de asociaciones de enfermos que animan a extender esta ley a todo el país.

Disponer de normativas que permitan pagar a los donantes vivos con el fin más o menos explícito de animarlos a afrontar el proceso de cesión de un órgano no es algo nuevo. Sin hablar de la compraventa pura y dura o del tráfico de órganos en todas sus modalidades, por desgracia algo generalizado en diversas zonas del mundo, este tipo de leyes está ya presente en unos cuantos países, pero desde luego no de la entidad ni la trascendencia potencial que tiene su vigencia en Estados Unidos.

Es por ejemplo la base del llamado “modelo iraní” en el que es el estado quien financia y gestiona el pago a los donantes de unas cantidades que oscilan entre 2.000 y 5.000$, así como las intervenciones y la atención sanitaria en hospitales públicos. Aunque muy distinto, es también el caso de Israel que desde 2010 comenzó a compensar con 10.000$ al donante de riñón en concepto de gastos de recuperación, seguro sanitario y un periodo de convalecencia postquirúrgica. Los trasplantes renales de vivo aumentaron un 64% el año siguiente y hoy están entre los más elevados del mundo, aparte conseguir dar la vuelta a la situación previa en que Israel era uno de los mayores emisores de turismo de trasplantes de todo el mundo. Estudios canadienses concluyen que, cuestiones éticas aparte, aún con incrementos tan modestos en el trasplante renal como un 5%, pagar 10.000$ sería coste-efectivo ante el ahorro en diálisis.

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"No son pocos los que en Norteamérica sostienen la tesis de que la escasez de órganos se solventaría con un mercado regulado en el que se pagara tanto por la donación en vivo como a la familia del donante fallecido. Hasta ahora estas tesis, que entrarían en franca confrontación con la donación altruista, no han prosperado, pero cualquier movimiento en esta dirección en el país más poderoso del mundo y que en tantas cosas marca tendencias para todos, no deja de ser preocupante".

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Desde el punto de vista filosófico no son pocos los que en Norteamérica sostienen la tesis de que la escasez de órganos se solventaría con un mercado regulado en el que se pagara tanto por la donación en vivo como a la familia del donante fallecido. Hasta ahora estas tesis, que entrarían en franca confrontación con la donación altruista, no han prosperado, pero cualquier movimiento en esta dirección en el país más poderoso del mundo y que en tantas cosas marca tendencias para todos, no deja de ser preocupante.

Reducción de condena por donar un órgano

En la misma dirección de estimular la donación en vivo por vías alternativas, senadores demócratas presentaron el pasado mes de enero en la cámara de representantes del estado de Massachusetts, un proyecto de ley que propone reducciones de condena que van de dos meses a un año a los reclusos que acepten donar un riñón, un fragmento de hígado o una extracción de médula ósea. La propuesta ha levantado una fuerte polémica en muchos sectores, tanto profesionales como políticos y por supuesto ha sobrepasado los límites del estado. El comité de bioética de la UNOS (la ONT americana) se ha manifestado claramente en contra y aparte las consideraciones obvias de la falta de libertad de estas personas, como factores adicionales en contra de la idea, se han señalado la alta incidencia de enfermedades transmisibles entre los reclusos y el claro predominio de población afroamericana entre ellos, lo que significaría un elemento discriminatorio más.

Los antecedentes van también en contra. En 2007, los legisladores de Carolina del Sur estudiaron una propuesta similar a la de Massachusetts que habría reducido hasta 180 días las penas de prisión a cambio de donaciones. Sin embargo, tras muchos debates acerca de su legalidad el estado adoptó finalmente un programa voluntario de donación de órganos y tejidos para personas encarceladas, pero sin recibir contraprestación. La Oficina Federal de Prisiones permite que los presos puedan donar sus órganos mientras están encarcelados, pero solo a familiares directos. En 2013, Utah permitió la de presos fallecidos mientras estaban entre rejas. La mayoría de los demás estados no permiten la donación de órganos de reclusos. Como se ve, hay controversia, pero algo se mueve.

El hecho es que dada la relevancia de todo lo que viene de Estados Unidos, cualquier iniciativa que allí se apruebe puede saltar antes o después a otros países y a no mucho tardar se empiece a proponer en Europa. Abrir puertas a la comercialización en cualquiera de sus fórmulas es siempre un riesgo, ante el que tanto España en particular como la Unión Europea en general deben estar muy atentas y tomar las medidas oportunas. ¿Será la economía o la ética quien marcará el camino?