El copago de transporte sanitario y los enfermos renales crónicos

Por Juan Carlos Julián, coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer

El copago de transporte sanitario no urgente afecta de pleno al colectivo de pacientes renales crónicos en tratamiento de hemodiálisis. Dado que son pacientes que precisan un mínimo de seis traslados semanales (tres de ida y tres de vuelta), serían los mayores perjudicados por la nueva normativa que establece dicho copago. Como pacientes crónicos, esta situación es más grave aún para más del 75 por ciento de los pacientes en dicho tratamiento, ya que no tienen opción de trasplante y, por tanto, permanecerán en dicho tratamiento el resto de su vida. Se da la circunstancia además de que la supervivencia en hemodiálisis ha aumentado en los últimos 30-40 años de forma considerable.

Ante esta situación, nuestra entidad, la Federación Nacional de Asociaciones de Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) trasladó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad su preocupación y oposición a la medida. Fruto de esas reclamaciones, se produjo en junio de 2012 la primera reunión con la ministra de Sanidad y su secretaria general, donde nos trasladaron su intención de eximir a estos pacientes de un copago que consideramos insostenible.

Con posterioridad nos enteramos por la prensa de la intención del Ministerio de gravar con el copago el transporte sanitario no urgente, aunque con menor impacto en pacientes que como los renales, precisaban más de 4 desplazamientos semanales. Nuestra queja no se hizo tardar haciendo valer la palabra dada en la reunión de junio de 2012. La negociación posterior, en mayo de 2013,  con la Secretaría General de Sanidad supuso la cesión por parte de Alcer de eximir de este copago a los pacientes renales crónicos, pero haciendo que este copago fuera meramente simbólico. Se establecieron entonces las cuantías de 6 euros anuales para los pacientes con ingresos inferiores a 18.000 euros, 12 euros para los que estaban entre 18.000 y 100.000 euros y 60 euros para los que tenían ingresos de más de 100.000 euros.

Sin embargo, hace escasamente unas semanas el Ministerio se puso en contacto con la presidencia de Alcer para negociar otras cuantías, cerrándose las siguientes: 5 euros anuales para los pacientes con ingresos inferiores a 18.000 euros, 15 euros para los que estaban entre 18.000 y 100.000 euros y 60 euros para los que tenían ingresos de más de 100.000 euros.

A pesar de toda esta situación, la postura oficial de Alcer siempre ha sido que el tratamiento renal sustitutivo tiene otras opciones que suponen un ahorro mucho mayor y que tradicionalmente se han obviado. Mucho antes de que se intuyera la crisis, Alcer creó el Foro sobre calidad y sostenibilidad del tratamiento renal sustitutivo en el año 2009. Las conclusiones de ese Foro, que contó con la asistencia de gestores sanitarios, profesionales sanitarios, representantes de las administraciones sanitarias y representantes de los pacientes renales por comunidades autónomas determinó la necesidad de realizar actuaciones preventivas sobre las patologías crónicas, de promover las opciones de diálisis domiciliarias y el trasplante renal de donante vivo previo a la entrada en diálisis como medidas más óptimas de ahorro a medio plazo. En el 2011 se repitió ese Foro con conclusiones similares y con tímidos avances al respecto en algunas comunidades autónomas. Hoy, a mediados casi del año 2013, el Ministerio tiene una propuesta de las sociedades médicas del ramo, con nuestro aval, desde mediados del año pasado para promover una estrategia preventiva sobre la enfermedad renal crónica, sin haberse creado aún dicha estrategia preventiva dentro de las Estrategias de Atención a la Cronicidad que presentó el Gobierno en el año 2012.

Nuestra impresión, por tanto, es que se están estableciendo medidas que a corto plazo pueden tener el resultado de ahorro esperado, pero que penalizan especialmente a los que más lo necesitan, como a los pacientes crónicos; sin abordarse los verdaderos problemas que afectan al Sistema Nacional de Salud, como la adecuación del gasto en las patologías crónicas y que a medio plazo ofrecerían una solución mucho más eficaz, como el ejemplo de la enfermedad renal que he comentado.