El valor social de la salud

La salud, que solo pesa cuando falta, no tiene precio. Algunos la maltratan hasta el hastío, otros la cuidan sin tenerla realmente. A menudo, la solemos extrañar cuando nos damos cuenta de que ya no está, que la hemos perdido. Su ausencia se convierte entonces en su presencia y es ahí cuando aceptamos su valor.  Para el individuo que padece, sin duda vale mucho, pero ¿cuánto vale la salud de esa persona para la sociedad?

Las civilizaciones han apreciado la salud de sus miembros de distintas formas.  Invertir en hospitales militares para recuperar con diligencia los soldados heridos en batalla fue la prioridad durante muchos años. En otros casos, lo fundamental era cultivar la salud mental de su población adulta mayor, ya que ellos eran los custodios del inventario de conocimiento de su cultura.  En muchos casos, la mujer sana era la que contribuía al factor demográfico en cantidad y en su defecto, al menos en supuesta calidad; con buenos líderes, religiosos o militares.

En las sociedades occidentales dominantes, el punto de partida de cualquier intento serio de valorar la salud fue ponerle precio a su recuperación cuando ésta se había perdido. El trabajador que se encontraba enfermo dejaba de producir en condiciones óptimas. En estos casos, el gasto en tratamientos más los salarios no percibidos y sus repercusiones para el paciente y sus dependientes constituían el coste económico de recuperación.

Cuidar, si era posible hasta sanar, dejó de ser un quehacer esencialmente de las instituciones de caridad para convertirse en una actividad pública, colectivamente financiada. El derecho a la salud sustituyó al beneficio por caridad. El valor de recuperarla o de prevenir su pérdida se igualó entonces, al precio que se debe pagar obligatoriamente por su atención. En síntesis, el precio de la suma del coste de tecnologías sanitarias aplicadas en el proceso.

Según la Inahta (International Network of Agencies for Health Technology Assessment), una tecnología sanitaria es cualquier intervención que se aplique con la intención de promover, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades y para rehabilitar y cuidar a largo plazo. Los estados, ante la escasez de recursos, se enfrentan al dilema de tener que escoger la mejor tecnología sanitaria posible y financiable. En ese sentido, la pregunta correcta no pasa a ser ¿cuánto costaría recuperar la salud de un individuo? sino ¿qué debería sacrificar la sociedad para conseguirlo? O como dirían los economistas: ¿cuál sería el coste de oportunidad?

Los gobiernos, a la hora de decidir, deben escoger entre distintas alternativas asistenciales y, con frecuencia, inclinarse por un grupo de afectados sobre otros.  Deben escoger entre tratar de ofrecer más calidad de vida estandarizada (no estereotipada) a la población, y no simplemente buscar aumentar la expectativa de vida general y específica, y que cada cual escoja el estilo de vida que pueda afrontar.  La salud individual concierne a la colectividad, también por razones económicas.

Agencias de evaluación de tecnologías de salud han surgido por doquier con el fin de ayudar a los gobernantes a tomar estas difíciles decisiones. Rápidamente, se posicionaron como modelo a seguir la canadiense o algunas escandinavas.  Sin embargo, no fue hasta que apareció en el Reino Unido el NICE (National Institute for Health and Care Excellence), que existió una agencia de verdadera proyección internacional. A pesar de eso, las criticas tipo ¡NICE and not so nice! (…y no tan agradable) todavía bombardean la institución.  El NICE se encuentra en constante evolución.

Hoy, existen agencias con futuro prometedor en Iberoamérica como la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud de Brasil (Conitec), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) en Colombia, que ya acumula más de 2 años de experiencia y el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec), en México. En España, otro producto del Real Decreto-Ley 16/2012 es el Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que tendrá la labor de coordinar las siete agencias autonómicas existentes, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, y la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, ambas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Difícil tarea, por la disparidad en experiencia, recursos y métodos de trabajo con que cuentan estas instituciones.

Muchas de estas nuevas agencias quieren evitar algunos errores de sus antecesoras. Para ello, deberían incluir como herramientas fundamentales, sin abandonar otras, la fijación del precio basado en el valor que la sociedad le otorga a la novedad tecnológica (Value-Based Pricing) o Valor Social de la Salud (VSS) y el Análisis Coste Beneficio generalizado (ACBg), en un marco óptimo de transparencia sectorial pública y privada.  Históricamente, estas entidades han aplicado primordialmente el Análisis Coste Efectividad/Utilidad (ACE/U), que compara la novedad con alternativas existentes, confirmando mejorías previa autorización. Es el momento de mejorar los instrumentos de evaluación económica.

Como en economía aplicada se suele culpar por el fallo de la máquina a la herramienta que ha sido mal utilizada, en todos estos países se espera que estas costosas agencias den los resultados esperados y que no las sentencien antes de tiempo, por aplicar las herramientas de evaluación económica incorrectas. Los individuos que padecen, merecen que la sociedad valore de forma justa la recuperación de su salud y la población sana, la prevención de su pérdida.