El SNS, un pilar fundamental del Estado del bienestar y la cohesión social

La sanidad pública en España es una de las conquistas más importantes de la sociedad española, lograda, consolidada y generalizada a lo largo de las tres últimas décadas.

En el artículo 43.1 de la Constitución Española de 1978, se compromete el derecho a la protección de la salud. A partir de ahí se va conformando como un sistema de prestación pública, universal, igualitaria, gratuita y de calidad para todos.

La promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986, impulsada por el ministro Ernest Lluch, supuso la creación del Sistema Nacional de Salud, que ha perdurado, se ha mejorado y desarrollado a lo largo de más de 25 años, y se completó con Ley General de Salud Pública de 2011, que completó la universalización efectiva de la sanidad pública española.

El proceso de descentralización sanitaria, generalizado a partir de los traspasos de la gestión de estas competencias en el año 2002, hizo que desde los gobiernos de las CCAA se consolidara el desarrollo efectivo de los servicios de salud con gran calidad, alto grado de eficiencia y valoración satisfactoria por los usuarios. Ello favoreció la cercanía a las necesidades ciudadanas, la articulación territorial y el arraigo de la población en las zonas rurales.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, so pretexto de la crisis económica, ha aprobado un recorte de derechos y un recorte presupuestario de 7.000 millones de euros a través del Real Decreto Ley 16/2012 que supone, además, una ruptura de la estabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, el Gobierno de manera unilateral, partidista e interesada, introdujo un cambio de modelo sanitario que ha roto las garantías de universalidad, de equidad, gratuidad y calidad de las prestaciones establecidas y derechos consolidados. Modelo que se centra en el aseguramiento en perjuicio del consolidado sistema de derechos.

Esta nueva regulación supone un significativo paso atrás y sobre todo, un cambio del modelo sanitario público, excluyendo a colectivos de población inmigrante, en una decisión injusta, inhumana e ineficaz en términos sanitarios, que afecta a más de 200.000 personas. También establece una nueva forma de estructurar la cartera de servicios haciendo que haya carteras complementarias y rompiendo el equilibrio territorial y la unidad del SNS.

La introducción de nuevos copagos en numerosas prestaciones perjudica muy particularmente a pensionistas, enfermos crónicos y pacientes en general. De igual forma, gobiernos del Partido Popular, como los de Madrid, Comunidad Valenciana o el de Castilla-La Mancha, han dado pasos preocupantes hacia la privatización de los servicios públicos de salud.

Esta política de recortes es ajena a un modelo de reforma del sistema sanitario adaptado a una nueva situación socio-económica. No lo hace más racional, ni más coherente, ni más eficaz ni más sostenible, pero si ha devenido en un deterioro importante en la prestación de este servicio en las comunidades autónomas, que han preferido en su mayoría tomar medidas más encaminadas a cuadrar los números y los objetivos de déficit, que a atender la salud y el tratamiento de la enfermedad. Se está pasando de un modelo sanitario que tenía como centro a las personas a otro que se centra en la rentabilidad económica y el negocio.

Hemos visto cómo las listas de espera se han disparado mucho más allá de lo asumible, llegándose en Castilla-La Mancha a alcanzar 49.000 pacientes en lista quirúrgica; cómo las urgencias de los hospitales se saturaban; se disminuía el número de camas hospitalarias -en Castilla-La Mancha, hasta el 25%-; cómo todos los ciudadanos entraban en un sistema injusto de copago farmacéutico, transporte sanitario no urgente o pago de ortoprótesis; o se cerraban o intentaban cerrar las urgencias rurales nocturnas.

Paralelamente, se emprendía un cambio sustancial en el sistema al abrirse la puerta a la privatización y el negocio a costa de la sanidad pública. Recordemos que el presupuesto sanitario público anual asciende a 70.000 millones de euros. Pero la privatización del sistema empobrece la calidad de los servicios, da menos garantías al paciente, depaupera salarialmente a los profesionales, pone en manos privadas lo que se ha construido con el esfuerzo y los recursos de todos, y lo que es peor, convierte la salud en una mercancía.

La sanidad privada tiene que cumplir su papel en el mercado sanitario y de seguros, incluso como complementario, pero jamás como sustitutivo del sistema público. 

El rechazo social al modelo privatizador ha surgido fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, pero también en otras como las plataformas articuladas en torno a buena parte de los hospitales de Castilla-La Mancha, que son un buen exponente del rechazo social y sanitario. 

En general, las medidas impulsadas por los gobiernos del Partido Popular no garantizan la sostenibilidad de la sanidad pública pero cambian radicalmente el modelo. Es, en definitiva, utilizar la crisis como pretexto. Pero el modelo de colaboración público-privado nunca ha demostrado ser más eficaz que el público. Incluso la Comunidad Valenciana, pionera en ese modelo, ha visto como acaparaba el 25% del conjunto del déficit sanitario nacional.

Frente a todo esto, los socialistas creemos en la sostenibilidad del SNS, porque entendemos que existen vías de financiación eficaces para un modelo de sanidad eficiente, tanto a través de la racionalización del gasto como del propio sistema impositivo.

El SNS ha de ser de los ciudadanos y para los ciudadanos, y ha de caracterizarse por ser de naturaleza pública en el aseguramiento y en la financiación -a través de impuestos justos y progresivos- y la provisión de los servicios; descentralizado y orientado hacia la equidad y la superación de las desigualdades sociales y territoriales. La sanidad pública es un elemento fundamental de la cohesión y la estabilidad social.

Pero entendemos que el sistema sanitario ha de construirse desde la participación, la innovación y la tecnología, la transparencia en la gestión y en sus resultados.

Los buenos niveles de salud y de equidad alcanzados han sido posibles con una inversión pública de alrededor del 6% del PIB, demostrándose que nuestro sistema era menos costoso que en los países de nuestro entorno. Por ello, la valoración ciudadana del sistema era muy elevada, solo rota por una ineficaz manera de afrontar la crisis.

Es necesario incorporar a la Constitución y a los estatutos de autonomía el derecho a la salud como derecho de ciudadanía. Es preciso definir adecuadamente la financiación, procurar los recursos suficientes y confluir en un gran y verdadero Pacto de Estado, con participación del Gobierno de la Nación, los de las comunidades autónomas, los partidos políticos, los sectores profesionales y los usuarios, que garantice en toda España un marco de igualdad de derechos, y el carácter universal, público, gratuito y de excelencia de nuestra sanidad.