Hace unos días pudimos leer en la red social “X” un mensaje de
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, que nos pareció cargado de lógica. Afirmaba, sin hacer referencia explícitamente a ninguna persona, institución u organización, la incoherencia y contradicción que supone defender a la vez la Atención Primaria y Comunitaria (APyC) y el
sistema sanitario público universal
y gratuito y la
pervivencia del mutualismo tipo Muface, con asistencia privada y sin APyC.
Alrededor de la defensa del modelo
Muface se mueven múltiples protagonistas- sindicatos,
colegios de médicos, aseguradoras sanitarias privadas, sindicatos, parlamento y gobierno- pero para referirnos concretamente a las incoherencias que generan las posturas contradictorias que mantienen estos ámbitos sobre el tema nos vamos a centrar solamente en gobierno y sindicatos.
El gobierno español, tras 4 años de la primera llegada al poder de los socialistas (1982), aprobó la Ley General de Sanidad (LGS) después de superar un largo período de debate partidario interno entre las tendencias radicales y las socialdemócratas moderadas. En aquellos tiempos Javier Padilla era un infante y obviamente no pudo vivir directamente las primeras contradicciones que se produjeron en el seno de la izquierda a la hora de pergeñar el marco legislativo fundamental, vigente hoy, de nuestro sistema
sanitario. La importancia de señalar lo anterior radica en que el origen de los problemas, contradicciones e incoherencias que produce hoy en el marco gubernamental el asunto Muface hay que ubicarlo precisamente en esa época, en el momento en que los legisladores asumieron que, dados los grandes y progresistas cambios que supuso para el modelo sanitario español la LGS, era aceptable la pervivencia de determinadas situaciones de “privilegio” para algunos colectivos, aunque lesionaran gravemente la universalidad del sistema. Todo ello sin olvidar que los afectados no pertenecían precisamente a las clases sociales más menesterosas del país.
programática del PSOE han vuelto a poner sobre la mesa los aspectos lesivos para la universalización, justicia y equidad que supone para el sistema el modelo Muface y no solamente eso, también los perjuicios para la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria personal y colectiva que ocasiona, como el no disponer de APyC. En esta situación parece inevitable la generación de un enfrentamiento más o menos notorio en el seno del propio equipo ministerial del gobierno y del que desconocemos la solución y las decisiones finales resultantes.
Los sindicatos mayoritarios de clase con presencia en el sector, aparte de la más beligerante Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), están sumidos desde hace tiempo en contradicciones severas en su defensa del Modelo Muface. La primera y fundamental hace referencia a la disyuntiva público-privado y la segunda a la equidad. Ambas centradas en la incompatibilidad lógica entre la defensa del sistema sanitario público universal y, al mismo tiempo, de la exclusión del mismo de determinados sectores
laborales que, además, han llegado a esta situación, por el mantenimiento de un privilegio histórico generado durante la etapa franquista.
Además, estas contradicciones generadas en el ámbito ideológico y sindical traducen una desconfianza creciente sobre la fiabilidad y capacidad del sistema sanitario público para ofrecer a la población una asistencia sanitaria con un nivel de calidad igual o superior a la de la parte privada, sobre todo en el caso de los problemas sanitarios menos graves. En este sentido es preciso reconocer que la infrafinanciación secular del sistema, las dificultades crecientes de accesibilidad a los servicios, comenzando por las consultas de APyC, y los de coordinación entre estado y CCAA así como entre niveles asistenciales, no ayudan precisamente a mejorar la efectividad y, lo que también es importante, la positividad de la imagen que proyecta sobre la ciudadanía.
En nuestra opinión, el
desarrollo pleno de la universalidad de nuestro sistema nacional de salud solamente se dará en el contexto de un gobierno progresista de coalición, con fuerzas políticas a la izquierda del PSOE. Al menos eso indica la historia previa de los gobiernos socialdemócratas españoles en relación a este problema. No es cuestión de afirmar “ahora o nunca” como tampoco lo es desaprovechar la coyuntura actual. Por ello es más necesario si cabe diseñar una
estrategia de incorporación de los colectivos mutualistas al sistema nacional de salud que, sin precipitaciones exageradas, pero sin pausa, garantice la viabilidad financiera y técnica del proceso y ponga aún más en evidencia las contradicciones señaladas antes. La proposición no de ley generada recientemente en el parlamento nos parece una vía esperanzadora en este sentido.
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