¿Tienen solución las crisis de la Atención Primaria Comunitaria y de la Salud Pública?

Como es habitual, al final de cada año proliferan los análisis retrospectivos sobre los principales acontecimientos acaecidos en el ámbito sanitario durante los 12 meses anteriores y aunque con menor frecuencia también lo hacen los de naturaleza prospectiva que vaticinan los que protagonizarán el devenir del año próximo.

Un bloque importante de estos últimos está formado por todos los problemas que ya debían haber sido solucionados, o al menos abordados pero que, por causas diversas, han continuado durmiendo en los cajones de los despachos ministeriales o han sido afectados por el virus de la parálisis parlamentaria.

Al situar en este contexto los problemas que definen la situación crítica por la que desde hace ya más de 10 años atraviesan la Atención Primaria y Comunitaria (APyC) y la Salud Pública (SP) --dos pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud, de cuya firmeza depende una parte muy importante de su viabilidad financiera, estratégica y organizativa así como, depende también, de su efectividad la mejora de la situación de salud colectiva y de la atención sanitaria personal--, no podemos dejar de preguntarnos acerca de las razones últimas de la incapacidad de nuestros líderes y responsables políticos para alcanzar --a través de actuaciones legislativas, organizativas y de gestión--, soluciones razonables en tiempo y forma  de los problemas planteados. Más aún cuando estos han sido objeto de reiterados y sesudos análisis que han permitido identificarlos perfectamente y que, además, son harto conocidos por la ciudadanía y los expertos.

La dificultad incapacitante para encontrar soluciones no afecta solamente a una parte del espectro político ideológico. Tanto los gobiernos calificados como conservadores como los de tinte progresista que se han venido sucediendo en nuestro país en los últimos 15 años, con diferencias en su capacidad para generar manifestaciones públicas e iniciativas políticas dirigidas a identificar y abordar los problemas a favor de estos últimos, no han sido capaces de darles una salida mínimamente sólida a medio y largo plazo. En el mejor de los casos se han limitado a poner en práctica iniciativas más o menos superficiales (parches) claramente insuficientes y que, en algunos casos, incluso han agravado los problemas.

---

"La reformulación de las prioridades implicaría la detracción de recursos en otros sectores y el diseño de una política fiscal con un poder mucho mayor que las actuales en términos de redistribución de la riqueza"

---

En nuestra opinión, las raíces causales que pueden explicar esta situación hay que buscarlas en la confluencia deletérea de factores etiológicos procedentes de tres ámbitos distintos.

En primer lugar, en la acentuación progresiva de la radicalidad política en los países europeos, con un crecimiento claro de los planteamientos ultraconservadores y un riesgo creciente de naufragio de los mismos sistemas democráticos. Esta situación propicia que los partidos socialdemócratas, tradicionales defensores de los estados de bienestar, huyan como alma que lleva el diablo de la defensa de directrices que pudieran ser calificadas como radicales ante el temor a perder soporte electoral y que se limiten a alimentar el miedo social a unas dictaduras reaccionarias de nuevo cuño. Todo ello sin asumir que las causas reales del crecimiento de estos grupos dependen, al menos en parte, de que la ciudadanía les vote al no percibir mejoras ostensibles en el bienestar y calidad de vida propio y de su entorno inmediato con las políticas implementadas por los partidos socialdemócratas y conservadores tradicionales.

En segundo lugar, en la asunción estratégica y operativa general por parte de los políticos europeos conservadores y progresistas de la necesidad de generar un nuevo equilibrio entre el papel de las iniciativas públicas y privadas en el seno de los estados de bienestar nacidos en el continente tras la Segunda Guerra Mundial y cuya sostenibilidad pone sobre la mesa, cada vez con mayor urgencia,  la disyuntiva de reformular drásticamente las prioridades en la asignación de los recursos presupuestarios públicos ante el crecimiento imparable de los costes de los sistemas de servicios como el sanitario, el de educación y el de protección social y a la dependencia. Esta reformulación de las prioridades implicaría la detracción de recursos en otros sectores y el diseño de una política fiscal con un poder mucho mayor que las actuales en términos de redistribución de la riqueza.

En tercer lugar, en la respuesta insuficiente y poco o nada sintónica de los gobiernos y parlamentos respecto a las nuevas necesidades y expectativas de unas sociedades de países desarrollados en las que, sobre todo en los últimos 50 años, han crecido de forma imparable el individualismo hedonista y la externalización de las propias responsabilidades en ámbitos que, como la salud y la educación, necesitan de un alto grado de implicación personal para su conservación y mejora.

Pesimismo ante la falta de iniciativa política innovadora

Hechas estas consideraciones parece claro que nuestra visión acerca de la posible solución de las crisis mencionadas en el título de este trabajo no puede ser optimista. Nos tememos una larga prolongación de la situación actual, caracterizada por la persistencia o, en el peor de los casos, agravamiento de los problemas en sectores que como la APyC y la SP no tienen el poder de generar rentabilidades políticas deslumbrantes.

A las pruebas nos remitimos: en el caso de la APyC asistimos desde hace ya varios años a la promulgación de múltiples iniciativas teóricamente innovadoras y estratégicas que, a pesar de la pomposidad de los epígrafes, no han conseguido mejorar en nada los problemas que padece esta parte del sistema.

En el campo de la SP hubo que esperar hasta el año 2011 para la promulgación de una Ley de Salud Pública que desarrollara este ámbito primordial del sistema y, a partir de esta efeméride, se ha tardado más de 12 años en sacarla de los cajones ministeriales sólo para empezar a pensar en la necesidad de crear una Agencia de Salud Pública estatal, proceso en el que ya llevamos invertido un año sin progresos perceptibles.

No nos queda más remedio pues, que afirmar que existen soluciones para las crisis de la APyC y la SP pero el camino para poder alcanzarlas está plagado de obstáculos y dificultades de todo tipo que, para ser superadas, necesitan dosis extraordinarias de decisiones políticas innovadoras. En este punto nace nuestro pesimismo: no tenemos nada claro que en el contexto actual tengamos la posibilidad de generarlas y administrarlas.