Sindicatos y patronal acusan a las CCAA de ‘ocultar’ los presupuestos para dependencia

Cristina Alcalá. Madrid
Los principales sindicatos y la patronal empresarial del sector sociosanitario critican el “ocultismo” que tienen las comunidades autónomas en relación a los fondos presupuestarios que perciben de la Administración central en dependencia, y las acusan de paralizar la prestación a los pacientes ya evaluados, a pesar de que el Estado ha destinado fondos adicionales a la atención de esta materia.

De izquierda a derecha, Antonio Cabrera, Pilar Navarro, Jorge Guarner, José Alberto Echevarría, Vicente Sánchez y Mª Ángeles Sánchez.

Las organizaciones, tanto sindicales, FSS y CCOO de Construcción y Servicios y FSP-UGT, como empresariales, Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Federación de residencias y servicios de atención a mayores del sector solidario (Lares) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), han presentado este miércoles el primer informe del Observatorio de la Dependencia en España, un instrumento que analiza el desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia del país, con el objetivo de dar respuesta a los problemas que acometen en la actualidad.

Este primer documento detalla la radiografía del estado actual de la atención a la dependencia en relación al número de solicitudes, valoración y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley a nivel estatal y autonómico, así como los problemas de financiación.

La falta de financiación acarrea desigualdad territorial

Precisamente esos problemas de financiación son el gran escollo a superar, según han acordado en señalar las organizaciones, quienes han pedido un compromiso serio y responsable de las autonomías en esta materia. La aportación desigual por parte de las regiones en dependencia supone una “falta de equidad territorial”, como ha señalado Mª Ángeles Sánchez, miembro de la Comisión Permanente de Lares.

En España existen 924.000 dependientes reconocidos, pero solo 753.000 de ellos (el 80 por ciento) recibe una ayuda pública, quedando sin atender a unos 200.000 ciudadanos. El problema se debe, según sindicatos y empresarios, a la “prorrogación de derechos” que está acometiendo las autonomías, que de momento solo están valorando la dependencia pero no la están financiando, y les exigen que expliquen dónde está ese dinero. “Es necesario que las administraciones, tanto central como autonómicas, cambien las fórmula de resolver las peticiones”, según Jorge Guarner, presidente de Aeste, y dar respuesta a esos 200.000 dependientes que están a la espera.

Los ponentes han señalado que, de media, las autonomías tardan en dar una respuesta en dependencia de 200 días, aunque algunas como Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares acumulan el 75 por ciento de las listas de espera al tardar en responder hasta 300 días, según los datos facilitados por el Tribunal de Cuentas. En el caso de Asturias, han señalado, no está tan claro, ya que la han incluido en este último grupo al no aportar la documentación necesaria.

Por su parte, las comunidades se defienden alegando que no les llega esa financiación, a pesar de que el Estado aprobó en 2013 un fondo adicional de cerca de 2.472 millones de euros para revertirlos en esta materia.

Una única acreditación profesional a nivel estatal

Los sindicatos, por su parte, se han centrado en señalar el problema desde el punto de  vista del desempleo y la falta de profesionalización de los servicios y los trabajadores de este sector.

“El 40 por ciento de los trabajadores de este ámbito no están acreditados”, ha afirmado Antonio Cabrera, secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. Un hecho que, según el secretario, “pone en riesgo la atención a la dependencia”. Un problema que se resolvería, según estos agentes, con una acreditación única a nivel estatal y no con las 800 normas hasta ahora vigentes.

En este sentido, su homóloga de FSP-UGT, Pilar Navarro, culpa a las comunidades autónomas por esta falta de acreditación. Según la ley que regula esta materia, en 2015 todos los trabajadores tienen que estar acreditados para ejercer sus funciones, una competencia que asumen las comunidades autónomas. Sin embargo, y como denuncia Navarro, éstas solo han convocado 48.000 para hacerlo, dejando fuera a unos 100.000 empleados, por lo que pide una prórroga de dos años para estas personas. “Pero, bajo ningún concepto, vamos a consentir que los trabajadores que no estén acreditados no se renueven sus contratos por el hecho de que no estén acreditados”, ha alegado.

Por su parte, Vicente Sánchez, secretario general de CCOO de Construcción y Servicios, denuncia el largo periodo de espera que lleva el sector para poder profesionalizarse, desde el año 2008, lo que provoca un déficit de cualificación de estos trabajadores.

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Acceda aquí al informe del Observatorio de la Dependencia

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