Patronal y sindicatos firman subir un 1 por ciento los sueldos en la sanidad privada en 2015

Redacción. Madrid
Los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, por un lado, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, por otro, han suscrito este lunes el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2015-2017.

Garamendi, Rosell, Fernández Toxo y Méndez.

El pacto, que ha tenido lugar en la sede del Centro Económico y Social (CES), se ha cerrado escenificando un apretón de manos conjunto, aunque llega con medio año de retraso. Todos ellos han defendido férreamente el valor de la negociación bilateral en el ámbito de las relaciones laborales frente a toda intromisión de terceros y como cauce para dotar de estabilidad en escenarios de incertidumbre política y económica. Una medida que también ha sido aplaudida desde el Gobierno y los partidos de la oposición.

El nuevo convenio en el ámbito sanitario privado

Este nuevo acuerdo afecta, entre otros, a los profesionales sanitarios que trabajan en el sector privado, que verán cómo sus sueldos subirán, como mínimo, un 1 por ciento más este año y hasta un 1,5 por ciento el que viene. Este convenio incluye la revisión de los salarios hasta 2017, sin embargo, para ese año se concretará el porcentaje de la subida en función del Producto Interior Bruto (PIB) de 2016, así como el cuadro macroeconómico del Gobierno para ese periodo, tal y como ya adelantó Redacción Médica una vez que se conocieron las primeras pautas de las negociaciones.

Por tanto, el personal sanitario que trabaje en clínicas u hospitales privados contará, de base, con un 1 por ciento más en su sueldo, que podrá verse aumentado en mayor o medida en función del convenio colectivo con el que cuente cada empresa (existen hasta 6.000 convenios diferentes en el total de pequeñas y medianas empresas que operan en España).

Además de las subidas salariales y las cláusulas de revisión, el actual documento incluirá compromisos de empleo y estabilidad, al igual que fórmulas de arbitraje obligatorio para garantizar la vigencia de los convenios más allá del año de prórroga que fija la reforma laboral, según consta en la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre, en la que se garantiza que las condiciones laborales pactadas en los convenios seguirán vigentes porque forman parte de los contratos.

Seis meses para lograr el entendimiento

Las partes se han visto obligadas a justificar la tardanza del pacto, que se ha llegado a prolongar medio año, alegando que era la primera ocasión en la que se veían negociando en un escenario de inflación negativa. “Ha sido muy complejo negociar en un país tradicionalmente muy inflacionista en plena deflación, nos ha obligado a ejercer un cierto aprendizaje”, ha explicado Méndez.

Además, los empresarios siguen señalando que los topes de incremento salarial firmados para los próximos años dejan margen para que sectores y empresas, en virtud de sus circunstancias, puedan pactar subidas salariales inferiores, pero los sindicatos insisten en que se trata de referencias de carácter “vinculante” y que implican, necesariamente, una mejora de las remuneraciones.

Por su parte, Rosell ha advertido de que “externamente parece que la negociación no existe”, pero que es “una asignatura en la que a veces estamos muy solos patronales y sindicatos”, ha añadido, para apostillar que se trata de un ámbito que es preciso “modernizar y perfeccionar”.

El de la pública no llegará hasta julio

Una situación muy diferente es la que viven los profesionales que trabajan para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los sindicatos que negocian con el Ejecutivo tienen que esperar, como mínimo, hasta el próximo mes de julio (momento en el que se abordan los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene) para poder sentarse a entablar conversaciones con el Gobierno, después de que en los últimos años no haya sido posible el entendimiento.

Si finalmente se reúnen, estas organizaciones negociarán las mismas condiciones para los sanitarios que trabajan en la sanidad pública, aunque no serían sus únicas exigencias. Pedirán acabar con la congelación salarial que han sufrido estos trabajadores en los últimos cuatro años, donde la merma de los salarios ha sido de entre un 18 y un 31 por ciento, según el caso. Asimismo, intentarán que se recupere progresivamente estos porcentajes mermados durante la crisis; así como la devolución total de la paga extraordinaria (devengada en 2012); la vuelta a las 35 horas semanales de trabajo; elevar la tasa de reposición al 100 por ciento para sanidad, educación y justicia; y vincular la recuperación de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos al crecimiento del PIB, entre otras propuestas, tal y como expresaron a este periódico los representantes sindicales.

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