Madrid, Galicia y Comunidad Valenciana cuestionan la figura del sanitario estatutario

Redacción. Barcelona
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; el de la Comunidad Valenciana, Manuel Llombart, y la de Galicia, Rocío Mosquera –los tres del Partido Popular–, han coincidido en la necesidad de abrir el debate sobre el estatuto marco de los funcionarios, al entender que la “rigidez” del modelo hace difícil introducir las reformas necesarias para garantizar el sostenimiento sistema.

Fernández Lasquetty.

“Ninguno de los grandes países europeos tienen un sistema sanitario basado en funcionarios vitalicios cuya retribución es prácticamente la misma si trabajan bien o mal”, ha asegurado Fernández-Lasquetty, quien ha pedido una reflexión sobre este punto para permitir la introducción de incentivos, en el marco del 20º Encuentro del Sector Sanitario que ha organizado en Barcelona IESE Business School junto con KPMG.

El consejero madrileño ha asegurado que la resistencia a este cambio “se ha vuelto en contra de los propios profesionales” porque dificulta a los médicos compatibilizar su actividad en la sanidad pública y privada, en una intervención en la que ha lamentado la rigidez de las reglas en las que se desarrolla la actividad sanitaria en España, pensadas para unos funcionarios del siglo XIX y que siguen utilizándose para gestionar los hospitales del siglo XXI, según ha razonado.

Por su parte, Mosquera ha coincidido en que resulta necesario un debate para reformar la gestión del personal, porque es un “drama” que las retribuiciones sean fijas con independencia de lo que se haga, dónde se haga o cómo se haga, en un momento en que el sistema no da más de sí.

Llombart, por último, ha ahondado en la idea y ha apostado por “ir adaptando de una forma paulatina los marcos legales a las realidades”, y ha animado a no tener miedo al cambio porque todo tiene un límite y el sistema sanitario español copa más del 30 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas, en un momento en el que el envejecimiento de la población asegura que los costes serán crecientes.

Manuel Llombart.

Fernández-Lasquetty y Mosquera, de forma adicional, han mostrado su desconfianza en que los sindicatos sean capaces de colaborar en estos cambios necesarios: “Con los sindicatos va a ser prácticamente imposible, y más con los sindicatos de clase que tenemos en nuestras organizaciones” sanitarias, ha señalado la consejera gallega, que también ha lamentado que la fragmentación por comunidades autónomas del modelo perjudica la introducción de reformas.

El consejero madrileño ha lamentado el “conservadurismo muy profundo” que impera en la sanidad ante los cambios, aunque ha insistido en que merece la pena abrir el debate sobre la madre de todas las reformas –el cambio en el modelo de funcionariado–, porque el debate no se puede eludir mucho más tiempo y de éste dependen muchas otras reformas; un debate que ha asegurado que a los profesionales les conviene liderar, aunque de los sindicatos “desgraciadamente no podemos esperar nada”, ha precisado.

Externalizar los hospitales

En referencia con la polémica reforma en Madrid para externalizar la gestión de seis hospitales, Fernández-Lasquetty ha lamentado que se han dicho muchas falsedades, al entender que el ánimo de lucro es compatible con la sanidad porque el beneficio de una empresa nunca se centra en maltratar a sus clientes, sino en tenerlos contentos: “Uno ha comprobado en carne propia que resulta menos polémico hacer recortes que hacer reformas” que son necesarias para la sostenibilidad del sistema, ha añadido.

El consejero madrileño ha resaltado que la externalización pivotaba sobre la libre elección de los ciudadanos para acudir a uno u otro centro, lo que junto a los rigurosos controles de calidad permitirían mantener los resultados sanitarios con un coste sanitario por cápita menor, ha asegurado.

Rocío Mosquera.

Llombart ha recordado que la Comunidad Valenciana aplica un modelo similar al propuesto por Madrid desde 1999, y ha defendido que no se puede hablar de privatización del sistema porque mientras el paciente acuda al hospital y no tenga que pagar nada “la sanidad sigue siendo igual de pública”, ha reseñado.

En todo caso, y en relación con dicha externalización, ha fijado cuáles deben ser las tres reglas de oro para mantenerla en el tiempo: que al menos ofrezca la misma calidad que el sistema público, que suponga para la Administracion un ahorro claro y medible, “y que el concesionario gane dinero, porque, si no, tampoco funciona el sistema”, ha precisado.

“No queda otra” que aplicar fórmulas de colaboración pública y privada, ha incidido Mosquera, ya que los tres consejeros han insistido en que el sistema es vulnerable y existe una necesidad imperiosa de introducir reformas, todo ello pese a la tendencia a politizar el debate desde la demagogia, han lamentado.