Redacción. Madrid
Una decena de médicos se ha posicionado a favor de los afectados por talidomida con una carta firmada por algunos profesionales en la que amenazan con boicotear a la farmacéutica Grünenthal si no indemniza a los españoles que nacieron con malformaciones debido a que sus madres consumieron este fármaco, prescrito para remediar las náuseas durante la gestación entre 1957 y 1963.
Eric-Paul Pâques, presidente del Grupo Grünenthal.
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Los firmantes consideran que la última sentencia judicial que considera el delito prescrito y niega a los afectados las ayudas económicas por parte de Grünenthal es indigna: “Nos sentimos muy decepcionados con la forma de actuar del laboratorio y consideramos que la argucia legal empleada empaña profundamente su prestigio”.
Por ello, los profesionales sanitarios piden el cumplimiento de la promesa de esta farmacéutica que aseguraba que quería contribuir “de manera integral y exhaustiva a restablecer la salud y mejorar la calidad de vida de las personas” en su informe de Responsabilidad Social Corporativa. En este sentido, en el escrito exigen que se reconozca su deuda histórica con las víctimas y se les pague los 20.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad, una cantidad establecida en la sentencia anterior, favorable a los afectados, sin que tengan que presentar el frasco del medicamento que compraron sus progenitores entre 1957 y 1963.
Las víctimas de otros países sí reciben las ayudas
Los médicos argumentan en su escrito que Grünenthal sí indemniza a los afectados alemanes, ingleses e italianos y aseguran que los primeros reciben ayudas que alcanzan los casi 7.000 euros mensuales, mientras que los segundos y terceros tienen una mensualidad de 4.000 euros. Además, los firmantes señalan que el año pasado los se acordó una indemnización para los neozelandeses y australianos de 60 millones de euros.
Medicamentos que se incluyen en el boicot
La carta incluye en la amenaza a Grünenthal seis fármacos: Zaldiar, Adolonta, Palexia, Yantyl, Transtec, Versatis y Axura, que los médicos dejarían de prescribir a sus pacientes si las víctimas de la Talidomida no reciben una indemnización por parte del laboratorio.
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