Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las consejerías de Hacienda de Aragón y Extremadura la apertura de un procedimiento corrector para reducir sus índices de morosidad, a través de la actualización de su plan de Tesorería. Se trata de un paso más al aviso que se les envió el pasado mes de marzo, que en este caso incluía a la Comunidad Valenciana, por superar el plazo máximo de pago a proveedores.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
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La ley de estabilidad y sostenibilidad financiera establece un plazo máximo de 60 días para pagar las facturas, mientras que la ley de morosidad lo sitúa en 30. Sin embargo, según consta en el Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de Pago a Proveedores, Extremadura tarda en pagar a sus proveedores 110,5 días y Aragón, 81 días, en el ámbito sanitario.
La normativa refleja que en el momento que el Estado constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma incumplidora precisarán de autorización de la Administración estatal.
Según fuentes de Hacienda consultadas por Redacción Médica, a ambas comunidades no les bastará con llegar a los objetivos marcados durante un mes, sino que deberán hacerlo durante medio año, ya que de lo contrario se les quitaría la participación en los tributos del Estado. Los casos extremeño y aragonés tienen como denominador común a la sanidad. Gran parte de la deuda que arrastran ambas comunidades se debe a sus servicios de salud. El presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara cifraba recientemente la deuda del SES en 405 millones de euros, mientras que la Cámara de Cuentas de Aragón la situaba en más de 207 millones de euros. Según Hacienda, la deuda contraída por las comunidades con los proveedores sanitarios asciende a 6.309 millones de euros, lo que representa casi el 67 por ciento de toda la deuda autonómica.
Hacienda tiene claro que las prestaciones que ofrecen los servicios de salud son esenciales por lo que los proveedores tienen que cobrar sin demora, por lo que insta a las autonomías a elaborar en dos meses un nuevo plan de Tesorería que les permitan afrontar los plazos establecidos.
ENLACES RELACIONADOS
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