Cataluña aplaza sine die las ayudas para residencias a nuevos dependientes

Redacción. Barcelona
El pasado mes de julio la Consejería de Bienestar Social y Familia de Cataluña anunció la suspensión temporal, durante agosto y septiembre, de la realización de nuevos Programas Individuales de Atención (PIA) de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial. Ahora, esta decisión transitoria se convierte en permanente, según ha anunciado el departamento de Neus Munté.

Neus Munté.

Esta decisión se toma escudándose en “los incumplimientos del Estado en la financiación de la Ley de Dependencia” y en los nuevos recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha incluido para las políticas sociales y de acción social para el año 2014.

Al igual que en el mes de julio, la Generalitat insiste en la deficiente financiación de la ley por parte del Estado, lo que ha llevado a que durante años “la Generalitat haya tenido que asumir una gran parte de los recursos necesarios para aplicar la ley”. En este sentido, la directora del Institut Català d´Assistència i Serveis Socials (Icass), Carmela Fortuny, ha explicado que “el sobreesfuerzo que está haciendo la Generalitat para mantener vigente la Ley de Dependencia obliga ahora a buscar soluciones dialogadas con el sector para garantizar la sostenibilidad del sector”.

En este sentido, Fortuny  ha destacado que el diálogo con el sector “ha sido siempre constante y fluido, pero se intensificará en los próximos días para buscar soluciones y acuerdos en este ámbito”.

Oposición de las patronales

Las patronales catalanas ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), el CSC(Consorci de Salut i Social de Catalunya), la UCH (La Unió) y Upimir (Unió de petites i mitjanes residències), han pedido a la Generalitat que no se aplique esta medida y se han ofrecido a trabajar con el Icass (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) para buscar soluciones conjuntas que hagan posible la sostenibilidad del sistema de atención social catalán.

Así, las patronales consideran que la supresión de los Programas Individuales de Atención (PIA) vulnera el derecho de los ciudadanos a optar a una plaza residencial de libre elección y pone en riesgo la viabilidad de los centros.