Farmacéuticos de Valencia y Castellón recurrirán el Decreto Ley 2/2013

Redacción. Valencia
Los farmacéuticos valencianos consideran que el nuevo Decreto-Ley sobre prestación farmacéutica en la Comunidad Valenciana es “un castigo” por la huelga que convocaron contra los impagos y que no generará el ahorro que proclama el Gobierno sino que llevará a una "cubanización" del modelo mediterráneo de Farmacia. En términos similares se han manifestado desde el Colegio de Castellón. El consejero Llombart, por su parte, ha rechazado dudas sobre su legalidad amparándose en el informe previo de la Abogacía de la Generalitat.

Teresa Guardiola, presidenta del COF de Valencia, y el consejero de Sanidad, Manuel Llombart.

En rueda de prensa, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Maria Teresa Guardiola, acompañada del presidente de la empresarial farmacéutica Farval, Vicente Paya, y del presidente del Sindicato Libre de Farmacéuticos, José Antonio Puchades, ha querido mostrar "la unidad" del sector contra este decreto "inconstitucional" que les deja en la "indefensión total" y les va a supone una disminución de ventas y de ingresos de "entre el 25 y el 35 por ciento".   Guardiola ha cuestionado que esta medida vaya a suponer el ahorro que mantiene la Consejería de Sanidad en la memoria del decreto. Así, entre otras partidas ha mantenido que 136 millones son "por inercia" de las medidas estatales, ha cuestionado los 100 millones de ahorro por aplicación de protocolos a los médicos, así como los 3,15 millones por la entrega de productos farmacéuticos a los Centros de Salud ya que no se tienen en cuenta los gastos de habilitación de almacenes para poder dispensarlos, entre otros. Por ello, ha anunciado un Observatorio de la Transparencia para hacer "un seguimiento real" de este "supuesto ahorro". En ese sentido, ha recalcado que los boticarios están dispuestos ha contribuir a generar un ahorro y en ese sentido se ha preguntado por qué la Consejería crea una red paralela en lugar de aprovechar la ya existente.  En ese sentido, ha señalado que no entienden "qué esta pasando" porque si el conseller Manuel LLombart primero les apoyo en su rechazo contra la liberalización que propugna el Ministerio de Economía ahora ha pasado a "un intervencionismo salvaje" que les "quita competencias para engordar las de la Administración y derechos".

En similares términos se ha manifestado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón (COFC). Su presidente, Jesús Bellver, ha anunciado que impugnará ante los tribunales la aplicación de los contenidos que considera "inconstitucionales" del Decreto 2/2013 y que les ha producido "indignación, un fuerte rechazo y una gran decepción". Así, Bellver ha indicado que llevarán a los juzgados la aplicación de aquellos capítulos que van en contra de la Constitución, como la posibilidad que se apunta de poder concertar para realizar la prestación farmacéutica "con unas farmacias sí y con otras no, puesto que esto provocará que algunos pueblos se queden sin prestación farmacéutica", ha dicho en rueda de prensa.

Llombart, seguro de la legalidad del documento

El consejero valenciano de Sanidad, Manuel Llombart, se ha mostrado "convencido" de que finalmente se llegará a un "consenso" con los diferentes colectivos. Al respecto, el consejero ha reiterado que este decreto cuenta con una serie de "requisitos", entre ellos, disponer de un informe de la Abogacía de la Generalitat. "Y tenemos este informe favorable, con lo que entendemos que es un decreto absolutamente válido desde el punto de vista legal", ha subrayado.    Asimismo, Llombart ha indicado que no puede decir "nada" sobre "sentimientos o percepciones", porque "es muy particular", y ha resaltado que "lo único" que ha movido al Gobierno valenciano a desarrollar este decreto es la "necesidad de ser eficiente en el uso de los recursos disponibles, dado la situación que estamos viviendo", sin afectar al ciudadano, para que "tenga la misma sanidad, con la misma calidad", ha dicho.