Redacción. Valencia
Empresarios de Aerte, la patronal del sector de la dependencia, han entregado este martes 200 cartas a la Consejería de Bienestar Social para reclamar la deuda de 60 millones de euros que aun mantiene con el sector. Las cartas, dirigidas a la consejera Asunción Sánchez Zaplana exigen el pago inmediato de la deuda así como terminar con "la discriminación" que dicen sentir respecto a otros colectivos.

La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez.

María José Mina, la gerente de Aerte, ha señalado que el 85 por ciento de los empresarios de esta patronal está en un situación de "incertidumbre, desasosiego, e insomnio" porque llevan sin cobrar todo el año 2012, e incluso algunos pagos del ejercicio de 2011, y ni siquiera se les garantiza un calendario de pagos. Esta deuda de la Administración valenciana les impide cumplir sus compromisos de pago con proveedores o las nóminas de los 12.000 empleados a los que dan trabajo hasta el punto de que, según explica Mina, han llegado a recibir sanciones de hasta 21.000 euros del ministerio de Trabajo por impagos a sus plantillas, que ya han recurrido.

200.000 atendidos por la patronal

Aerte atiende a unas 20.000 personas dependientes que precisan de ayuda diaria para todas sus funciones, desde levantarse a comer. "Nosotros no somos como otros colectivos, no podemos cerrar las persianas y manifestarnos", ha señalado. Además, María José Mina ha denunciado los 11.000 expedientes que hay sin resolver o sin reconocer desde los años 2009 y 2010. La junta directiva de Aerte se reunió con la consejera de Bienestar Social el día 26 de diciembre, quien les comunicó que el día 28 "se iba a pagar de forma equitativa, y no se ha cumplido, y que iban a dar un plan de pagos, y tampoco". Por ello, solicitaron una reunión hace dos semanas con el vicepresidente, José Císcar. "Nos dijeron que nos iban a dar una fecha pero tampoco nos han dicho nada".

Asimismo, reclama que las empresas adheridas al sistema de concierto Bono Residencia y centro de Día, que ya existía antes de la ley de dependencia y al contrato de Accesibilidad Social, sean reconocidas como concertadas con el fin de que "se respete el derecho que por ley tienen todas las personas de libertad de elección de centro".

Entre los usuarios de Aerte, se encuentran los 800 enfermos mentales dependientes tutelados por la Administración, que "tampoco reciben el dinero", según explica el director del centro Mentalia Puerto y coordinador de la comisión de salud Mental, David Taroncher. Para Taroncher, si hace unos meses la situación ya era "muy complicada" ahora es "insostenible" ya que varias empresas han tenido que presentar concurso de acreedores. "La Administración nos dice que esperemos y nosotros desesperamos porque es un sector que no puede esperar".