Alberto Fabra, presidente de la Generalitat en 2012.
15 dic. 2017 11:20H
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Los 18,93 millones de euros resultantes de la multa impuesta por la Unión Europea al Gobierno de España por la manipulación de los datos sanitarios de la Generalitat Valenciana, deberá ser abonada por el organismo autonómico. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo al desestimar el recurso presentado por la Generalitat al acuerdo del Congreso de Ministros del 4 de marzo de 2016 de repercutir las responsabilidades al Gobierno de la región.
El asunto se remonta al ejercicio de 2011, cuyas cuentas fueron remitidas por España al Eurostat, el centro estadístico comunitario a mediados de 2012. Cuentas que se demostró posteriormente que estaban manipuladas en cuanto a los datos de gasto sanitario en la Comunidad Valenciana.
La Comisión Europea emitió un informe que ponía de manifiesto el papel clave de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en las graves irregularidades en la contabilidad, registro y notificación de los gastos de sanidad. Ello incurría en el consiguiente incumplimiento de la obligación de notificar a Eurostat los datos anuales de déficit.
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