PSOE, Compromís y EU sostienen que la norma ve la sanidad como un espacio “de negocio y enriquecimiento” de algunas empresas



12 nov. 2014 16:25H
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Redacción. Valencia
El pleno de las Cortes ha rechazado este miércoles, con los votos del PP, devolver al Gobierno valenciano el proyecto de Ley de Salud, tal y como reclamaban todos los grupos de la oposición a través de las enmiendas a la totalidad de la norma presentada.

María Rosa Roca, diputada del Partido Popular en Las Cortes valencianas.

El Partido Socialista de la región (PSPV), Compromís y Esquerra Unida (EU) consideran que el texto normativo no tiene consenso; plasma la visión de la sanidad como un espacio "de negocio y enriquecimiento" de algunas empresas, y pretende "blindar y ampliar" para la próxima legislatura los procesos de privatización.

El socialista Ignacio Subías ha denunciado el interés partidista de esta norma, con la que, a su juicio, el PP busca "amarrar el modelo privatizador" de la sanidad valenciana, asegurando que está hecha de forma "precipitada" y con "falta de transparencia y consenso" y olvidando cuestiones como la Atención Primaria (AP), la investigación o la carrera profesional, mientras refuerza la exclusión de ciudadanos del sistema.

En la misma línea, Mónica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, ha mostrado el rechazo de su grupo a una ley "que mira al negocio y no a la salud", criticando que "no hace mención a la salud mental o mantiene la exclusión de las personas inmigrantes". Según Oltra, el objetivo de la ley es, según la parlamentaria, "entorpecer el trabajo de un futuro gobierno" que apostará por la sanidad pública.

Por su parte, Víctor Tormo, de EU, también ha sostenido que se trata de una norma "partidista" para mantener un modelo privatizador y excluyente de la sanidad.

Falta de apoyo

María Rosa Roca, diputada popular, ha lamentado la falta de apoyo de los grupos de la oposición a una normativa que, según ha defendido, cuenta con un "amplio consenso social", tiene "carácter de perdurabilidad", es "novedosa y haría más moderna la legislación valenciana".

Negando que el proyecto de ley se haya tramitado por la vía de urgencia, Roca ha asegurado que "la habilitación de gestión a través de medios ajenos está regulada en la legislación estatal" y ha señalado que se ha considerado "adecuado su mantenimiento (en la ley autonómica) con el fin de que la ley sea un instrumento jurídico completo". La representante popular ha apelado a la conciencia de los diputados para que esta ley esté por encima de los partidos y salga de las Cortes con el mayor consenso posible.

Cuatro decretos y siete leyes en una norma

La ley, que ha sido defendida por el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, refunde siete leyes y cuatro decretos en una sola norma. Contempla que todos los empleados de la sanidad pública valenciana tendrán la condición de autoridad pública (tanto facultativos como enfermeros, celadores y demás personal sanitario), e implica que una posible agresión podría ser calificada como delito de atentado y no como delito de agresión. También incluye la creación de un comité de pacientes como "instrumento de diálogo", según Llombart, así como la simplificación de los documentos de consentimiento informado.
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