Redacción. Logroño
El consejero de Salud, José Ignacio Nieto, ha considerado y que ha quedado constatado que la "contratación de servicios" para Radiología es "correcta"; y que se trata de suplir "una necesidad para completar los servicios propios" de Salud.
Nieto ha ofrecido una rueda de prensa después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya desestimado los 46 recursos presentados contra la licitación del expediente de "Contratación de la gestión de servicios por diagnóstico por la imagen, prestados mediante las técnicas de Resonancia Nuclear Magnética, Tomografía Axial Computerizada y Radiología Convencional".
José Ignacio Nieto. |
El motivo expuesto por el tribunal es el de "carecer de legitimación" por parte de los demandantes y supone, también, levantar la medida cautelar que había paralizado el proceso. Por tanto, hoy mismo se seguirá con el mismo y "para finales de marzo", según ha dicho el consejero, se espera contar con un adjudicatario.
Nieto ha señalado que la resolución "determina que se trata de la contratación de un servicio para completar las necesidades de los pacientes del servicio público" y, por tanto, de un "instrumento auxiliar" pero "no de la gestión del servicio público". De hecho, ha asegurado que se trata de una práctica que se viene desarrollando desde el año 2004.
Se trata, ha reiterado el consejero, de la "contratación de un servicio necesario para garantizar la atención sanitaria en el diagnóstico por imagen". Y no supone, ha indicado, "el despido de ningún trabajador".
"Se persigue mantener y mejorar los recursos y garantizar la calidad del servicio", ha señalado. Por eso, ha criticado que, quienes han presentado el recurso, hayan perseguido "intereses políticos y sindicalistas" y hayan "mentido a trabajadores y usuarios". El recurso ha sido presentado por el Comité de Empresa de la Fundación Calahorra, UGT y 43 trabajadores, por un lado, y otros cinco sindicatos, entre ellos el sindicato de médicos, CEMSATSE, por otro. Todos, para Nieto, movidos por una "maniobra política y sindical que ha conseguido arrastrar a trabajadores" que, no obstante, ya estaban condicionados por su tendencia política y sindical, según el consejero.
Les ha acusado, además, de costar al Gobierno de La Rioja 16.100 euros en virtud del convenio con el Tribunal Administrativo, a causa de una "actuación desmedida" por la presentación de hasta 46 recursos que, para el consejero, se podrían haber resuelto en uno. Ha querido, por último, transmitir tranquilidad a los usuarios del Servicio Público de Salud; y ha anunciado una próxima apertura de sobres para el 6 de marzo, de forma que ese mes el contrato quede resuelto.