El Gobierno plantea la dependencia basada en los cuidados profesionales en el entorno familiar

Redacción. Logroño
El consejero de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha presidido este jueves la reunión que celebra en Logroño la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). Se trata de la VI Mesa de Debate Itinerante Sociosanitaria y de la Dependencia, un foro itinerante en colaboración con la Fundación Economía y Salud que está recorriendo España para conocer de primera mano los planteamientos que desde las diferentes administraciones autonómicas se están haciendo en torno al mantenimiento del sistema de dependencia. Durante su intervención en el Cibir, Nieto ha manifestado la necesidad que tienen los sistemas públicos de servicios sociales de “caminar de manera cada vez más decidida hacia la profesionalización del servicio”.

José Ignacio Nieto.

El consejero ha manifestado la necesidad de la pervivencia de este sistema, en el que La Rioja ha tenido siempre una posición de relevancia dentro del país, si bien ha abogado porque la evolución “se oriente de manera progresiva a la profesionalización del servicio”. Nieto ha recordado que, desde su nacimiento en 2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha sido objeto de “discusiones, que en gran parte se han saldado con acuerdos coyunturales” y que, a su vez, “han provocado desajustes en todos los niveles administrativos”. En ese sentido, ha recordado que “es de las pocas leyes que, aun haciendo referencia a la prestación de un servicio, carece de una justificación económica”.

“Crear un sistema de prestaciones y servicios, sin que estos se vean refrendados de una forma legal por un presupuesto comprometido” es, a juicio de Nieto, “una manera  de generar un desequilibrio constante en su aplicación, máxime cuando se aplica por diferentes administraciones según el territorio”. Ello, unido a la “falta de capacidad que el actual sistema ha tenido de convertirse en un gran generador de empleo y valor añadido, y a las evidentes dudas que en determinados casos puede generar la figura del cuidador familiar, aconsejan”, a juicio del consejero, “asumir la progresiva profesionalización de la atención a la dependencia en todos los ámbitos”.

Nieto ha advertido de que el sistema de dependencia “debe de dejar de ser un medio para dar ‘algo’ a todo aquel que lo pida y pasar a convertirse en la herramienta  para que todos aquellos que lo necesiten tengan garantizada la prestación de un servicio”. Al respecto, ha recordado que desde 2011 “contamos con herramientas en la propia Ley que nos pueden ayudar a trabajar porque el sistema de dependencia no solamente esté mejor estructurado y atendido, sino que además pueda convertirse en ese generador de valor añadido y de empleo que necesitamos”.

Planteamiento de reforma
Por ello, el consejero ha presentado ante los asistentes al debate un planteamiento de reforma que contribuya a la mejora de la prestación. Los planteamientos formulados por Nieto se basan en “asumir en primer lugar el concepto sobre la universalidad del derecho a la dependencia como un decálogo de servicios, y no necesariamente de prestaciones económicas, a los que puede acceder todo ciudadano que lo necesite, de manera similar a como ocurre en el sistema sanitario”.

El segundo punto se basaría en la “sustitución de la prestación para cuidados en el entorno familiar por una nueva prestación de cuidados profesionales en el entorno familiar”. Con ello, se asume que en determinados casos es necesaria una prestación económica que permita atender al paciente en su domicilio, pero bajo unos parámetros de profesionalidad y control público.

En tercer lugar, Nieto considera necesario establecer modalidades y cuantías diferenciadas en la prestación vinculada al servicio. El consejero considera que la Ley 39/2006 “presenta dos graves problemas”. El primero, “que su escasa cuantía la hace ineficaz para el fin para el que fue gestada” y el segundo, “la falta de establecimiento de distintas cuantías en función de la modalidad de servicio al que se vincula la prestación”. Como ejemplo, ha señalado que “actualmente la prestación se entrega en la misma cuantía para una residencia de ancianos que para un centro de ayuda o para un servicio de ayuda a domicilio”. Así, “al no tener en cuenta el coste del servicio, en el primero de los casos, no se llegaría a cubrir el 50 por ciento del coste, mientras que en los otros dos se financiarían al 100%. Todo ello sin tener en cuenta ni rentas ni situaciones personales”.

Por último, Nieto considera preciso asumir la reforma del sistema de financiación.  Actualmente se calcula que la Administración General del Estado asume el 20,7 por ciento, el usuario, el 19 por ciento y la Comunidad, el 60,3 por ciento. “Es preciso que un nuevo sistema de financiación fije de manera objetiva cómo se ha de asumir y que parte debe asumir cada entidad administrativa y el propio usuario mediante unos criterios realistas y basados en la situación social de cada dependiente”, ha concluido.