Rechazado el recurso vasco contra la tarjeta sanitaria interoperable del SNS

Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha acordado este viernes rechazar el recurso presentado por el Gobierno del País Vasco contra la nueva tarjeta sanitaria individual, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del Real Decreto 702/2013 del 30 de septiembre, que será “única e interoperable” en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El consejero de Salud vasco, Jon Darpón.

El pasado mes de noviembre, el Ejecutivo vasco presentó el requerimiento al Gobierno de Mariano Rajoy, al entender que esta norma “impide atender a las necesidades organizativas de las comunidades autónomas” como, por ejemplo, la obligación de utilizar impresos bilingües por parte de los poderes públicos, como así lo establece la Ley vasca de normalización de uso del Euskera.

No obstante, el Consejo de Ministros, de acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado, lo ha desestimado al considerar que no sólo es competencia exclusiva del Estado establecer las normas y criterios básicos y comunes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sino, también, porque el formato “único y común” de la tarjeta sanitaria fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), el 29 de febrero de 2012.

Por otra parte, el Gobierno ha recordado que el hecho de que la norma imponga unos datos mínimos y comunes a figurar en el anverso de las tarjetas no significa, “como argumenta el Gobierno vasco”, que las administraciones sanitarias emisoras de las mismas no puedan incluir otros dispositivos de información en ellas.

De hecho, según ha recordado, el reverso de la tarjeta está disponible para incluir soportes de información como códigos de barras o etiquetas adhesivas, así como para grabar información que la administración emisora considere oportuna. Además, prosigue, el diseño de la banda magnética deja libres dos de las tres pistas a los mismos efectos.

Finalmente, el Ejecutivo ha explicado que su rechazo viene también propiciado por el hecho de que en el periodo de alegaciones abierto en la tramitación del Real Decreto, el Gobierno vasco “no manifestó” los argumentos que expone en su requerimiento.

No obstante, el Gobierno vasco avisó de que en caso de que este requerimiento no fuera atendido, o fuera rechazado, interpondría un recurso contencioso-administrativo frente al citado Real Decreto.