Redacción. Bilbao
PNV, PSE y EH-Bildu han manifestado su postura del rechazo a la aplicación del copago farmacéutico, medida que comenzará a aplicarse en la Comunidad a partir del 1 de julio. Desde las tres formaciones se ha advertido del peligro que supone para la salud de unos ciudadanos que podrían dejar de acudir a recibir asistencia en caso de necesitarla “por no poder pagar”.
![]() Joseba Egibar, potavoz parlamentario del PNV; José Antonio Pastor secretario general del PSE-Vizcaya; y Dani Maeztu, parlamentario de EH Bildu. |
El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, ha reafirmado que el Gobierno tiene la intención de “mitigar los efectos de la imposición” a la vez que ha recordado que su aplicación, establecida por el Ejecutivo estatal, es “de obligado cumplimiento”. A pesar de ello ha calificado de “injusta” la decisión, alegando que el copago traerá consigo efectos negativos en la salud de los ciudadanos.
El secretario general del PSE de Vizcaya, José Antonio Pastor, ha lamentado que el decreto se vaya a aplicar “literalmente”, cuando se podía haber hecho de otras formas como “establecer compensaciones vía fiscal o vía administrativa”. Además ha señalado que el PP, que justificó su decisión en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, haya obviado que varias comunidades autónomas, entre ellas la vasca, ya había tomado importantes medidas de ahorro sin acudir al copago.
Desde EH Bildu se ha calificado la iniciativa como “repago”, enmarcándola en la dinámica de “tijeras y recortes” que se está produciendo en toda Europa. El parlamentario Dani Maetzu ha abogado por encontrar soluciones alternativas a l copago, entre las que ha destacado la creación de un fondo destinado a “paliar sus consecuencias”.
El PP defiende su implantación
Ante las numerosas voces en contra surgidas desde que se anunció su aplicación, el PP ha recordado a través de su portavoz parlamentario, Borja Sémper, que España es uno de los países del mundo más consumidores de productos farmacéuticos. De esta forma, ha afirmado que sería una “irresponsabilidad” dar la espalda a un problema “real” y a un sistema que “corre el riesgo de ser insostenible”.
“Hasta ahora, los parados tenían que pagar un 40 por ciento y ahora no va a suceder eso, sino que se establecen tramos en función de la renta”, ha aclarado Sémper, que a su vez ha destacado que “las pensiones contributivas no pagan y personas con discapacidad tampoco” y ha anunciado que “se va a intentar establecer una reforma más justa y equitativa”.